La denuncia contra Coaquira se basó en un supuesto certificado de trabajo de una universidad que benefició a la magistrada a la hora de la evaluación. Sin embargo, esta dijo que el documento fue fraguado por los conspiradores y les inició el proceso.
El demandante de la acción de cumplimiento, Antonio Amelunge Lafuente y el abogado José Ramiro Uriarte fueron denunciados por a magistrada Fanny Coaquira ante la fiscalía de La Paz, el informe corresponde al fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez.
“La magistrada Fanny Coaquira ha presentado ya, paralelamente, una denuncia ante el Ministerio Público por los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado en contra de dos ciudadanos, (Antonio) Amelunge y su abogado (José Ramiro Uriarte), que habrían presentado esa acción de cumplimiento”, dijo el fiscal.
Desde principios de mayo, según la declaración de uno de los acusados, las principales autoridades judiciales de La Paz, además del ministro de Justicia, César Siles y un magistrado suplente, planificaron una acción judicial con el propósito de sacar del cargo a la magistrada Fanny Coaquira. El 10 de junio se realizó la audiencia y el 11 de junio estallaba el caso que se llevó la cabeza de una alta autoridad del Estado.
Hasta ahora solo se conocía del proceso abierto contra ocho personas por los delitos de tráfico de influencias; consorcio entre responsables del servicio de Justicia; falsificación de sellos, papel sellado y timbres. De los ocho procesados solo Amelunge está fugitivo y se desconoce su paradero, su abogado tiene detención domiciliaria.
La denuncia contra Coaquira se basó en un supuesto certificado de trabajo de una universidad que benefició a la magistrada a la hora de la evaluación. Sin embargo, esta dijo que el documento fue fraguado por los conspiradores y les inició el proceso.
Por el momento, la denuncia es solo contra las dos personas, pero podría extenderse también a todos porque el propio juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, dijo que la sentencia que leyó había sido elaborada por la ex vocal judicial de La Paz, Claudia Castro y no el juez, quien no redactó nada.
En este caso se debe conocer quién elaboró la acción de cumplimiento, puesto que el juez, Le Plaza, dijo que Castro ya tenía el memorial e incluso pretendió que él mismo fuera el demandante. La fiscalía investiga todos esos elementos.
El Deber
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