El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Enrique Urquidi, denunció que la aprobación de la Ley Excepcional para la Conformación y Funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) podría ser revisada por magistrados cuyo mandato ha sido prorrogado.
La norma aprobada el 8 de enero, busca regular el funcionamiento del TCP y el TSJ mientras se realizan nuevos procesos de selección de magistrados en los departamentos donde no hubo elecciones el 15 de diciembre. Además, cesa a los magistrados que ampliaron su mandato.
Según Urquidi, durante la sesión del viernes 10 de enero en Diputados, la bancada de CC solicitó al presidente de la Cámara, Omar Yujra, que el proyecto se trate con dispensación de trámite y voto de urgencia. Sin embargo “han derivado en realidad del proyecto de ley a la Comisión de Constitución para que más bien tenga el trámite regular”.
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En entrevista con La Razón Radio, se consultó al diputado si la Comisión de Constitución remite el proyecto al control de constitucionalidad, ¿no acabaría en manos de los cinco ‘autoprorrogados’?
Urquidi respondió: “Exactamente, estamos en el mundo al revés, hoy por un camino o por otro, todo se termina definiendo en el TCP, y todo lo termina definiendo precisamente los autoprorrogados, que son juez y parte, a ese punto hemos llegado”.
Actualmente, el TCP está compuesto por nueve magistrados, de los cuales cinco permanecen en sus cargos por una prórroga aprobada en 2023, mientras que los otros cuatro fueron electos en diciembre. En el TSJ, dos magistrados también siguen con mandato ampliado.
Urquidi recordó que en su momento CC impulsó la Ley 075 para cesar a los magistrados prorrogados, una norma sancionada por la Asamblea y promulgada por el entonces presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. No obstante, afirmó que “el gobierno no actuó”, manteniendo su protección hacia estos magistrados.
Urquidi, sin embargo, insistió en que la justicia está secuestrada por un “sicariato judicial” que protege los intereses del oficialismo.
También advirtió que la actual situación pone en riesgo no solo la institucionalidad del país, sino también la seguridad jurídica necesaria para garantizar unas elecciones generales transparentes y legítimas en agosto de este año.
La Razón
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