El juez 14º de instrucción penal, anticorrupción y violencia contra la mujer de la ciudad de La Paz declaró infundada la excepción de incompetencia por inhibitoria interpuesta por el Ministerio de Desarrollo Productivo y ratificó que Jeanine Áñez debe ser procesada a través de un juicio de responsabilidades.
Mediante una publicación en redes sociales, Áñez confirmó la información y aseveró que es “inocente de las barbaridades que tramaron para ponerme en su picota y exhibirme como trofeo de sus tropelías», dijo.
«El juez 14º de instrucción penal, anticorrupción y violencia contra la mujer de la ciudad de La Paz declaró infundada la excepción de incompetencia por inhibitoria interpuesta por el Ministerio de Desarrollo Productivo del régimen del MAS y Luis Arce, mediante la cual pretendían continuar otra Patraña orquestada en mi contra: condenarme por el funcionamiento de FUNDEMPRESA», (sic), señaló la expresidenta encarcelada.
Añadió que «éste fue otro de los nueve procesos judiciales que perpetraron para castigarme cobardemente por asumir la Presidencia de Bolivia cuando ellos cometieron fraude, renunciaron y huyeron del país, dejando caos, confrontación y abandono de sus responsabilidades».
En este caso, Áñez es acusada por haber ampliado, presuntamente de manera irregular, la concesión de Fundempresa para administrar las matrículas de comercio, mediante el Decreto Supremo 4356 de 2020.
El caso había sido denunciado en jurisdicción de juicio de responsabilidades, pero el Ministerio de Desarrollo Productivo solicitó trasladarlo a proceso ordinario.
Así, Áñez sigue sumando decisiones judiciales a su favor. Y es que la expresidenta logró anular su detención preventiva en otros tres casos, entre ellos por las llamadas ‘masacres’ de Sacaba y Senkata ocurridos en su Gobierno, mismos en los que la justicia determinó que debe ser procesada a través de un juicio de responsabilidades.
Las resoluciones judiciales se dieron después de que el TSJ instruyera a todos los tribunales del país revisar los plazos de cumplimiento de las detenciones preventivas de Áñez, el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, y el exlíder cívico potosino Marco Pumari.
El TSJ, asimismo, aceptó un recurso de revisión presentada por Áñez para tratar de anular su sentencia de 10 años de cárcel por el ‘caso Golpe II’.
En ese último caso, Áñez, quien fungía como segunda vicepresidenta del Senado, fue sentenciada a 10 años de cárcel por la forma en la que asumió la presidencia el 2019, tras la renuncia del presidente Evo Morales, además del vicepresidente Álvaro García Linera y principales autoridades del legislativo, tras las denuncias de fraude electoral en las elecciones de ese año.
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