Ante denuncias sobre la existencia de un circuito de corrupción entre la Caja Nacional de Salud (CNS), Caja Petrolera de Salud (CPS) y Ministerio de Gobierno, el diputado opositor por Comunidad Ciudadana (CC), Iván Cañaviri, activó un proceso de fiscalización a partir de una petición de informe escrito sobre el proceso de compra-venta y certificación médica para obtener la autorización de vidrios polarizados para vehículos particulares.
“Hay mucha denuncia de corrupción tanto en el Ministerio como en las gestoras públicas de salud, la Caja Nacional y la Caja Petrolera de Salud en sentido que hay un sistema que conecta entre las entidades para emitir los certificados médicos a personas que quieran hacer trámites”, declaró el legislador.
Explicó que ha recibido información que el personal de ambas cajas no está consultando el historial clínico y no hay la referencia de médicos especialistas y se los está emitiendo directamente a personas que no les corresponde, al margen de avisos en el internet donde ofrecen permisos por 1.500 bolivianos.
Sostuvo que lejos de ayudar a la gente, la autorización para el uso de vidrios polarizados está siendo utilizada para que la gente del gobierno reciba recursos no habidos de gente que necesita estos permisos de una u otra manera.
El diputado manifestó que, según la información recibida, funcionarios del Viceministerio de Seguridad Ciudadana hablan con los entes gestores solicitando certificado médico para determinada persona, cuando el procedimiento normal es que debe consultarse la historia clínica, un registro de ingresos, una referencia y recién emitirse el certificado médico.
Precisó que el grupo de personas con problemas congénitos de la piel o algún tipo de impedimento, es muy reducido, pero hay una cantidad de personas que obtienen permisos de manera indiscriminada y esto “es un acto de corrupción porque se les está dando a personas que no les corresponde”, añadió.
El viceministerio de Seguridad Ciudadana amplió el plazo para los trámites hasta fines de febrero y a partir de enero comenzarían los controles respectivos con una multa de 100 bolivianos a quienes no haya logrado tramitar la autorización.
A finales de enero había 65.000 solicitudes de los que solo el 55% obtuvo la autorización, un 25% fue rechazado y el otro tenía observaciones por subsanar. El costo del permiso es de 200 bolivianos.
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