El INE reporta una desaceleración mensual del IPC por tercer mes consecutivo, pero el nivel acumulado sigue siendo uno de los más altos de la región, reflejo de la presión inflacionaria que golpea al bolsillo de los bolivianos.
La inflación acumulada en Bolivia alcanzó 18,33% a septiembre de 2025, según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística (INE). Si bien el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual moderada de 0,20%, se trata del tercer mes consecutivo de ralentización tras picos inflacionarios registrados en el primer semestre.
El dato confirma que, pese a la leve desaceleración reciente, los precios mantienen una tendencia elevada en comparación con 2024, cuando la inflación acumulada al mismo mes fue de 5,53%. El salto de más de 12 puntos porcentuales en un año refleja la magnitud de la crisis económica y los problemas de abastecimiento que enfrenta el país.
Entre los productos con mayor incidencia positiva en septiembre figuran la carne de res, el tomate y el almuerzo en restaurantes, mientras que la cebolla, la papa y los huevos aportaron a la baja. La variación regional muestra que Trinidad registró el mayor incremento mensual (1,05%), seguida de Potosí (0,73%) y Oruro (0,55%), mientras que la conurbación de La Paz apenas reportó un alza de 0,07%.
De acuerdo con el INE, las divisiones con mayor aporte a la inflación de septiembre fueron bebidas alcohólicas y tabaco (1,31%), vivienda y servicios básicos (1,08%) y alimentos consumidos fuera del hogar (0,84%).
La escalada inflacionaria se produce en un contexto de escasez de combustibles, déficit de divisas y caída de la producción interna, factores que presionan los costos de transporte y alimentos. Además, los bloqueos políticos de los últimos meses interrumpieron la cadena de suministros y profundizaron el impacto sobre el índice de precios.
Con la inflación acumulada más alta en más de una década, Bolivia enfrenta el desafío de estabilizar la economía en medio de tensiones sociales y crecientes cuestionamientos al modelo estatal de control de precios y subsidios.
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