El director de la OFEP dijo que alistan un informe técnico de más de 140 páginas sobre las empresas públicas. Dijo que el daño económico supera los Bs 8.000 millones y solo tres generan utilidades.
La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de Empresas Estatales (OFEP) reportó que 64 de las 67 empresas públicas del país operan con pérdidas económicas y solo tres —YPFB, ENDE y Comibol— generan utilidades, aunque aún no alcanzan estándares internacionales de eficiencia.
El director ejecutivo de la oficina, Pablo Camacho, aseguró que 14 de estas empresas presentan quiebra técnica, situación en la que las pérdidas superan el valor de inversión inicial. Entre las compañías más críticas se encuentran YLB (Yacimientos de Litio Bolivianos), Quipus, Papelbol, San Buenaventura y la Empresa de Servicios Aéreos.
“Estos recursos no pertenecen a gobiernos anteriores, son recursos de los 11,5 millones de bolivianos, que lamentablemente se perdieron en proyectos que no generaron desarrollo ni crecimiento”, enfatizó Camacho citado por ABI.
Asimismo, explicó que las pérdidas acumuladas de todas las empresas estatales superan los Bs 8.000 millones, cifra “que podría haber transformado significativamente la economía nacional si se hubieran gestionado adecuadamente”, aseveró.
Empresas
Es el caso de la empresa de servicios aéreos bolivianos, que nació con un patrimonio de Bs 52 millones y ya acumuló pérdidas de Bs 47 millones a 2024.
Actualmente, cuenta con dos helicópteros fuera de operación, que estaban destinados a prestar servicios al sector público y privado, incluyendo rescate y apoyo en incendios forestales. La falta de mantenimiento y recursos impide que la empresa cumpla con sus funciones.
“Estos helicópteros son esenciales para emergencias y desarrollo regional. Hoy, por falta de recursos, permanecen parados, lo que evidencia la mala gestión de los recursos públicos en gestiones anteriores”, señaló Camacho.
Camacho criticó la creación de otras empresas estatales que, según su análisis, no respondieron a necesidades reales del país. Proyectos como Quipus y Papelbol habrían sido diseñados más para consumo interno del gobierno anterior que para eficiencia productiva, generando estructuras burocráticas sin resultados tangibles.
Además, algunas empresas recibieron periodos de gracia de hasta 13 años para el pago de créditos, como San Buenaventura y la Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA).
Camacho anunció que el informe técnico, que supera las 140 páginas, será presentado al Gabinete de ministros, donde se evaluarán medidas específicas para cada empresa. Se prevé la realización de auditorías integrales para determinar daños económicos y posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales.
“Se debe garantizar transparencia en el manejo de los recursos públicos. En 10 a 12 días convocaremos a una conferencia de prensa para que universidades, investigadores y periodistas puedan revisar esta información de manera clara y didáctica”, adelantó Camacho.
Deudas
Asimismo, agregó que también se identificó vencimientos de deuda pendientes de reprogramación, así como obligaciones financieras que deberán atenderse durante la gestión 2026.
Cada empresa recibirá un tratamiento diferenciado, ya que no existe una fórmula única para su recuperación o reestructuración, y las decisiones deberán respetar la Ley 466, que limita la capacidad del Estado para inyectar recursos sin justificación técnica y legal.
Con este diagnóstico integral, el Camacho informó que se buscará optimizar la gestión de las empresas estatales, mejorar su eficiencia y garantizar que los recursos del Estado se utilicen en beneficio de la población. Las decisiones futuras se tomarán sobre la base de evidencia técnica y financiera, priorizando la transparencia y la rendición de cuentas.
“Más allá de la ideología o del gobierno de turno, hoy la prioridad es preservar los recursos de los bolivianos y garantizar su uso eficiente”, dijo.
Esta semana, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, informó que durante los primeros 100 días de gestión se identificó un presunto “drenaje” de alrededor de $us 8.000 millones en empresas públicas, además de la recepción de 340 denuncias de corrupción dentro del aparato estatal.
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