El gabinete ministerial aprobó este miércoles un anteproyecto de ley que modifica los artículos 261 y 262 del Código Penal, con el objetivo de endurecer las penas por delitos vinculados a accidentes de tránsito, ante el aumento de siniestros y la demanda social de sanciones más severas, informó el ministro de Gobierno, Roberto Ríos.
«Atendiendo una problemática, pero también a distintos sectores de la población que nos solicitaban que se endurezcan las penas, pero además también se haga una diferenciación en la gravedad del hecho, hoy (miércoles) en Gabinete de ministros se ha aprobado (anteproyecto de) ley que modifica los artículos 261 y 262 del Código Penal. Esto en lo que se refiere a las sanciones por las por los delitos o por los hechos generados en accidentes de tránsito», informó la autoridad.
La propuesta que eleva las penas y diferencia la gravedad de cada caso de accidente de tránsito fue enviada a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su tratamiento.
De acuerdo con el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana, entre 2023 y 2024, se registró un incremento del 5,09% en personas heridas por accidentes, al incrementar de 15.051 a 15.817 casos.
En tanto, las muertes subieron de 1.515 en 2023 a 1.748 en 2024, lo que representa un alarmante aumento del 15,38%.
Según el diagnóstico del Ministerio de Gobierno, el 61% de los siniestros viales tiene como causa principal la imprudencia del conductor, como el uso del celular al volante, exceso de velocidad y maniobras indebidas. Otro 5,1% de los casos está relacionado con el consumo de alcohol o drogas al momento de conducir.
«Actualmente, el artículo 261 establece que aquella persona que cause alguna gravedad en la salud, algún tema gravísimo o la muerte es sancionada con 1 o 3 años. Y por este tiempo, las personas pueden acogerse al perdón judicial, lo que hace que muchos de estos ya sean beneficiados con la medida de libertad», explicó Ríos en conferencia de prensa.
Ante esta situación, la iniciativa legal modifica el artículo 261 del Código Penal, diferenciando la gravedad del daño causado por accidentes de tránsito.
Las personas que produzcan lesiones graves serán sancionadas con reclusión de 1 a 3 años; por lesiones gravísimas la reclusión será de 2 a 4 años y las que causen la muerte de una o más personas serán sancionadas con una reclusión de 3 a 5 años.
Además, si el hecho ocurre bajo influencia de alcohol o drogas, las sanciones se agravan por lesiones (graves o gravísimas) que serán sancionadas con la reclusión de 4 a 8 años y los que causen muerte con una reclusión de 5 a 10 años.
«Es importante mencionar que se está generando un agravante si la conducta señalada en el caso de las lesiones graves y gravísimas se produjere bajo dependencia del alcohol o algún estupefaciente, la reclusión va a ser de cuatro a ocho años. En el caso de que se incurriera en la muerte de las personas va a ser de cinco a 10 años», remarcó.
En todos estos casos, se aplicará la inhabilitación definitiva para conducir.
El artículo 262, referido a omisión de socorro, también será modificado. La nueva redacción plantea subir la pena de 1 a 4 años a 2 a 5 años, con agravantes si la omisión ocurre en lugares deshabitados.
«Estos elementos no solo nos deben permitir modificar la sanción en función a la gravedad del hecho que se ha suscitado, sino principalmente dejar dar esa sensación de impunidad por estos accidentes o hechos que se producen, en la mayoría de los casos, por la imprudencia del conductor», precisó Ríos.
Asimismo, aclaró que el endurecimiento de penas es solo una parte de una estrategia integral, que incluye campañas educativas y de concienciación dirigidas a estudiantes de secundaria y universidades, con iniciativas como «Conducción Segura», «Seguros al Volante», entre otras.
El ministro instó a la ALP a tratar y aprobar el proyecto, «no puede ser una iniciativa más que quede paralizada». «Nuestros legisladores deben devolver la confianza al pueblo que los eligió», enfatizó.
Oxígeno
Acerca del autor
