El Gobierno afirmó el miércoles que no hay plata para pagar el Bono Contra el Hambre, de 1.000 bolivianos, y que el decreto reglamentario se promulgó por cumplir con las formalidades y procedimientos que dispone la ley. Reiteró que no hay recursos porque los proyectos de contratos de créditos internacionales están paralizados en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
“En el decreto se señala que una vez ingresadas esas cuentas, es decir que una vez que se apruebe la ley y se la promulgue, lo que se tiene que hacer es recibir el dinero a las cuentas y recién se lo debe ejecutar a través del Ministerio de Economía, mientras tanto no tenemos el dinero y no sabemos de dónde lo vamos a sacar; por tanto, nosotros sólo hemos cumplido el procedimiento, pero no hay recursos con qué pagar”, indicó el viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Gonzalo Quiroga, en contacto con este medio.
El gabinete de ministros aprobó ayer el Decreto Supremo 4345, cuyo fin es reglamentar la Ley 1330, del 16 de septiembre de 2020, para el pago del bono contra el hambre.
“En el marco de la Ley 1330, el bono contra el hambre de 1.000 bolivianos será otorgado por única vez de acuerdo a los criterios previstos en el presente decreto supremo y normativa aplicable”, señala la reciente norma aprobada el 22 de septiembre.
No obstante, el artículo 10 de la misma norma señala que el bono contra el hambre será financiado con recursos de crédito externo, cuyo objeto haya sido definido en los contratos específicamente para este propósito.
Según el documento oficial, el proceso del pago será iniciado una vez se confirme el desembolso de la totalidad de los recursos en la cuenta del organismo ejecutor del financiamiento.
Quiroga sostuvo que el uso de créditos que se incluye en la Ley 1330 no ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa, ya que todo crédito externo requiere que sea aprobado con una ley.
Por ejemplo, detalló que los créditos internacionales provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM), por un monto total de 650 millones de dólares, a la fecha están paralizados en la Cámara de Senadores, instancia que ni siquiera los han convocado para hacer la explicación técnica.
Mientras que el crédito de la CAF por 350 millones de dólares, que es de libre disponibilidad, continúa en la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados.
“Entonces, en este momento no tenemos una ley para usar estos créditos, porque tienen que pasar por una serie de aprobaciones en la Asamblea y su respectiva promulgación; sin embargo, hay otro documento que dice que hay que usar esos recursos. Por tanto, estamos en un largo camino, primero porque los créditos que nos puede llevar a esta condición no son los que dice la ley, como el de la CAF de 350 millones de dólares o del FMI de 327 millones, que son de libre disponibilidad. Ni lo uno ni lo otro están aprobados”, señaló la autoridad.
Pagina Siete
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