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GOBIERNO DE ARCE GASTA MÁS DE BS 5,4 MM EN DOS SEDES PARA SECTORES AFINES

EL GUADALUPANO 30 de enero de 2023
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La oposición ve malversación de fondos y acciones prebendales en busca de que el mandatario tenga apoyo de organizaciones. En cambio, en el oficialismo ven “inversión” para sectores “altamente productivos”.

El gobierno del presidente Luis Arce gasta 5.401.217 bolivianos en la construcción de dos sedes para organizaciones sociales que le son afines. A esos proyectos se destinan recursos de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), por medio de contratos bajo la modalidad de contratación directa.

Las obras fueron adjudicadas en 2022, según los documentos a los que accedió Página Siete, a través del Sistema de Contrataciones Estatales.

El primer contrato fue firmado el 30 de agosto del 2022, entre el representante legal de la UPRE, Gonzalo Rodríguez Cámara, y la empresa unipersonal de Jorge José Márquez Saleg, por el monto de 4.336.893 bolivianos, para la construcción de la sede de la Federación de Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), en La Paz.

“(Se) ejecutará y entregará la obra satisfactoriamente concluida, en estricto acuerdo con los ítems de la propuesta adjudicada, los planos del diseño final, la validación del lugar de la obra, las especificaciones técnicas y el cronograma de ejecución de obra en el plazo de doscientos sesenta días calendario (260) ”, detalla parte del documento.

El segundo contrato fue rubricado el 30 de diciembre de 2022, entre Rodríguez y el representante legal de Servicios y Construcciones Civiles (Sercoc), Omar Sandoval Vigabriel, por la suma de 1.064.324 bolivianos, para la construcción de la sede del Sindicato de Autotransporte Mixto Germán Busch.

“Se compromete y obliga por el presente contrato a ejecutar todos los trabajos necesarios para la ejecución de la obra: ‘construcción de sede social del Sindicato de Autotransporte Mixto Germán Busch’, ubicado en municipio de Shinahota, provincia Tiraque, departamento de Cochabamba, hasta su acabado completo”, especifica el contrato. La obra debe ser entregada en 150 días calendario.

Según los contratos, la primera sede fue gestionada mediante un convenio con Fencomin, el 29 de marzo de 2022. La segunda edificación, en cambio, fue acordada el 9 de mayo de 2019, durante el gobierno de Evo Morales. Esta última, ahora, es ejecutada por Arce.

El 1 de noviembre del 2022, durante el paro en Santa Cruz, Fencomin expresó su respaldo al Gobierno y a que se realice un censo técnico. “Fencomin va a velar por la democracia, la estabilidad de la democracia y vamos a hacer prevalecer el voto a nuestro presidente Luis Arce”, exclamó el dirigente Willy Choque.

El 21 de diciembre de 2022, Fencomin celebró sus 54 aniversario en un acto en la Casa Grande del Pueblo, en el cual participó el mandatario y les hizo la entrega de dos vehículos.

Con respecto al Sindicato de Autotransporte Mixto Germán Busch no se encontró registro de apoyo público a Arce. Sin embargo, el 7 de noviembre, la Confederación Nacional de Transporte Libre de Bolivia emitió un pronunciamiento en respaldo al Ejecutivo y en rechazo al paro cruceño.

“Manifestamos nuestro rechazo al paro cívico golpista que busca crisis para el pueblo e impunidad a los que asaltaron al Estado y masacraron al pueblo desde noviembre del 2019 hasta octubre de 2020”, se lee en el comunicado.

Durante la administración de Morales, desde 2011 hasta 2019, fueron erogados, a través de la UPRE, más de 272 millones de bolivianos, para la construcción de sedes sindicales.

Entre las sedes construidas están: la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, a la cual se destinó 13,1 millones de bolivianos; los predios de la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia, que tuvo un valor de más de 8 millones de bolivianos; y los ambientes del sector gremial de San José de Pocitos, que tuvo un costo de 7,8 millones de bolivianos.

Oposición: Es malversación

El diputado de Creemos José Carlos Gutiérrez manifestó que Arce continúa con la línea de prebenda, mediante dádivas, a las organizaciones afines al oficialismo, práctica que se inició en el gobierno de Morales. Cuestionó que “malversen” recursos de los bolivianos para beneficiar a sectores progubernamentales.

“Es parte de la malversación económica del Gobierno, en cosas que no benefician a la población. Es parte de las prebendas que el MAS les da a sus sectores funcionales. Estos son gastos lesivos a la economía nacional, es parte de la corrupción. Al ser contrataciones directas, con seguridad están viciadas de corrupción”, aseveró.

utiérrez y Zalles anunciaron acciones de fiscalización al Ministerio de la Presidencia, para que explique en qué beneficia al Estado la construcción de “sedes para privados”.

Oficialismo: Es una inversión

El senador del MAS Félix Ajpi dijo que la erogación de recursos para la construcción de sedes sindicales es una “inversión” del Gobierno, porque los sectores sociales “son altamente productivos” y benefician del país. Aseveró que los mineros y transportistas aportan recursos económicos a las arcas del Estado.

“Nosotros trabajamos para que las organizaciones sociales puedan organizarse dignamente y no hagan reuniones en placitas. Esto (las sedes) es para dar comodidad a las organizaciones sociales, que son altamente productivas. Es una inversión, no un gasto. Si al trabajador le das comodidad, va a generar mucha economía”, sostuvo.

El diputado oficialista Juan José Jauregui indicó que la construcción de sedes es parte de la “reciprocidad” que hay con los sectores sociales que aportan al país. Por lo cual, expresó, esa erogación de recursos no puede ser calificada como un gasto, porque, además, es parte del modelo económico, social y productivo del Gobierno.

“Sectores como cooperativas y otros aportan al Tesoro General de la Nación, y al devolver en parte estos aportes, a través de este tipo de infraestructuras, es parte del reconocimiento a sus actividades y a su manera de organización (…). No es una prebenda, es un reconocimiento a la actividad de sectores sociales”, subrayó.

Jauregui argumentó que el Gobierno también apoya al sector empresarial con la subvención de carburantes y la construcción de carreteras, para que el empresariado del oriente pueda producir y tener la facilidad de transportar sus productos y venderlos.

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