El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, anunció este lunes la remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de un nuevo proyecto de ley que busca responder a las observaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y adecuar la normativa boliviana a los estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El pasado 13 de junio, el GAFI decidió incluir a Bolivia en la denominada “lista gris”, un grupo de países bajo mayor vigilancia por deficiencias en sus sistemas de prevención de delitos financieros. La principal observación al país es la falta de una ley que contemple técnicas especiales de investigación, herramienta esencial recomendada por el organismo.
Montenegro recordó que desde 2021 se advirtió que Bolivia estaba en riesgo de ser incluida en esta lista debido al “sabotaje opositor” que impidió la aprobación de normas clave. “Este proyecto de ley representa un paso fundamental en nuestra voluntad política de fortalecer el marco legal y demostrar al mundo que el Estado boliviano está comprometido con la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo”, afirmó.
La inclusión de Bolivia en la “lista gris” es resultado, según el Ministerio de Economía, de la desinformación y politización que frustraron la aplicación de la Ley 1386, promulgada en 2021 y luego abrogada tras movilizaciones impulsadas por sectores políticos contrarios al Gobierno.
El Ejecutivo presentó posteriormente otros dos proyectos de ley (PL 218 y PL 280) y propuso medidas dentro del Presupuesto General del Estado 2024 para cumplir con las exigencias del GAFI, pero estas también fueron bloqueadas en la Asamblea.
Durante la última reunión GAFI/Moneyval, Bolivia se comprometió a corregir las deficiencias en un plazo de dos años. Por ello, Montenegro exhortó a la ALP a asumir su responsabilidad institucional y actuar con sentido de urgencia. “Esperamos que esta vez se comprenda la gravedad de la situación y se apruebe esta normativa, necesaria para avanzar en la salida de Bolivia de la lista gris del GAFI”, sostuvo.
El ministro aseguró que el Gobierno está dispuesto a brindar toda la información técnica necesaria para facilitar el tratamiento del proyecto de ley, reafirmando el compromiso del país con la transparencia y la protección del sistema financiero nacional.
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