La Fiscalía Departamental de La Paz informó ayer que, tras las cuatro aprehensiones realizadas por el caso Zúñiga, queda pendiente una sola orden de aprehensión, la del diputado Richard Ribera.
La autoridad también aclaró que las demás personas señaladas en el video difundido por el Ministerio de Gobierno serán convocadas en calidad de testigos.
“Hay una (aprehensión) pendiente”, declaró ante la prensa el fiscal departamental Luis Carlos Torrez, en referencia a Ribera. Asimismo, descartó que existan otras órdenes activas y explicó que las convocatorias se harán “con el objetivo de llegar a la verdad histórica de los hechos”.
Entre los mencionados en el supuesto “gabinete civil” figuran el economista Gonzalo Chávez, el analista financiero Jaime Dunn, el politólogo Paúl Coca, el dirigente gremial César Gonzáles, el expresidente de Adepcoca Armin Lluta, los abogados Jorge Valda y Ana María Morales, y el economista Joshua Bellott.
Valda, uno de los cuatro aprehendidos el pasado viernes, junto al general en retiro Mario Antonio Bracamonte, ya fue liberado. En cambio, Bismark Imaña y Mario Tanaka deben cumplir detención preventiva.
Rechazo a documental
Mediante una acción constitucional contra el Viceministerio de Comunicación, se buscará que se deje de difundir el documental “¿Qué pasó el 26J?”, relacionado con la asonada militar del 26 de junio de 2024, anunció el abogado Valda.
El jurista considera que el audiovisual es un “atentado” contra el derecho a la imagen, el honor y la presunción de inocencia de quienes se encuentran mencionados, como parte del presunto gabinete ministerial, del excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga.
“No puede ser que solamente por el hecho de estar en un chat, del cual desconocemos su legalidad o ilegalidad en la forma de su obtención, ahora se pretenda acusar a un sinnúmero de personas”, dijo Valda.
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