La Fiscalía Especializada Anticorrupción del Beni ha imputado formalmente al actual alcalde de Trinidad, Cristhian Cámara Arratia, por presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica tipificados por el Código Penal, cometidos durante su gestión como director del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) durante los años 2018, 2019 y 2020.
La Gobernación Departamental del Beni es la entidad que a través de la Secretaría de Transparencia ha presentado denuncia el año 2021 y ha se respaldado con informes de auditoría interna del año 2022. La imputación firmada el pasado 27 de marzo por el Fiscal de Materia, Marcelo Flores Layme, indica que el exdirector ha dispuesto incorrectamente el pago de 6.6 millones de bolivianos del Fondo de Avance de Cuentas, infringiendo el Manual de Funciones.
El fiscal identifica varias irregularidades, incluyendo actos omisivos al firmar y sellar documentación de desembolsos de dinero sin seguir los procedimientos permitidos para el funcionamiento del COED durante esos años.
Se señala que la participación criminal de Cristhian Cámara surge por la inobservancia del Manual de Fondos en Avance. Además, se afirma que el exdirector no tenía autorización para firmar ni autorizar ni dar visto bueno a ningún pago, lo que ha causado un daño económico al Estado por falta de documentación de respaldo.
Esta gestión también se considera conducta antieconómica y el fiscal concluye que Cámara ha cometido el delito al disponer de manera arbitraria bienes patrimoniales del Estado.
Mario Ricardo Bottega Vargas, exdirector del DGR durante septiembre a diciembre de 2020, enfrenta una situación similar, atribuyéndosele falta de documentación de respaldo en varios pagos realizados con cargo al mismo Fondo de Avance de Cuentas.
El fiscal ha solicitado medidas cautelares contra Cristhian Cámara, que incluyen presentarse ante el juez o el Registro Biométrico de la fiscalía departamental, prohibición de comunicarse con testigos y sujetos procesales, una fianza económica de Bs 10.000 y arraigo departamental, es decir, prohibición de salir del departamento sin autorización judicial.
De acuerdo a la documentación conocida el jueves en fuentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el fiscal solicita al juez disponer la prohibición expresa de cometer otro delito doloso para el actual alcalde Cámara, así como aplicar las medidas cautelares en un plazo no mayor a 10 días para garantizar la presencia del actual alcalde trinitario.
El documento fue firmado el 27 de marzo de 2024, y no se ha confirmado si ya fue presentado ante el juez de Instrucción Primero Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer de la ciudad de Trinidad.
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