A catorce días de iniciados los bloqueos de caminos por parte de sectores sociales que demandan respuestas al Gobierno, la Defensoría del Pueblo expresa su profunda preocupación por la grave afectación a los derechos humanos de terceras personas ajenas al conflicto. Así como, reprochamos la gestión gubernamental ante la situación de conflictividad, toda vez que las medidas de protesta son la expresión de demandas ciudadanas no resueltas oportunamente.
En ese marco, como Institución Nacional de Derechos Humanos consideramos imperativo priorizar la vida y salud de la población; por ello, hacemos un llamado a los sectores movilizados a establecer puentes solidarios que permitan garantizar el libre tránsito de personas que requieran atención médica, así como el paso de medicamentos y equipos médicos esenciales que requieren centros de salud y hospitales. Asimismo, permitan el paso de alimentos a las ciudades para no vulnerar el derecho al acceso a la alimentación.
Exigimos al Gobierno, a que en toda acción que asuma, se garantice el pleno respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los ciudadanos. Se recuerda también, el apego a estándares internacionales en materia de derechos humanos referente a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad como lo establece la recomendación 21 del informe del GIEI-2019 en el uso de la fuerza pública. La intervención de las Fuerzas Armadas no debería ser una opción para resolver esta crisis.
Es fundamental, anteponer a cualquier interés personal, el respeto a los derechos humanos de todas y todos los bolivianos; por ello, urge al Gobierno a priorizar el diálogo y la negociación como mecanismos para resolver pacíficamente el conflicto, buscando soluciones que satisfagan las demandas de todas las partes involucradas. La recomendación 22 del Informe GIEI-2019 remarca: “Adoptar protocolos, normativas y cualquier regulación de actuación que ordenen priorizar la negociación entre autoridades civiles, actores y líderes sociales, en el marco de protestas”.
La Defensoría del Pueblo hace un llamado general a los sectores y actores involucrados en la situación de conflictividad en el país a abstenerse de cualquier acto de violencia que pueda poner en riesgo la integridad física de cualquier persona, sean parte de los sectores movilizados, miembros de las fuerzas del orden o ciudadanos ajenos al conflicto.
Desde esta instancia defensorial, reiteramos nuestro compromiso con la democracia y el Estado de Derecho, y pedimos a las partes del conflicto dejar de actuar guiados por intereses personales y asumir la responsabilidad de desescalar la violencia y allanar el camino de soluciones que nos permita restablecer una convivencia pacífica. Por su parte, los actores políticos y generadores de opinión, deben evitar mayor confrontación coadyuvando desde su voz, a pacificar el país. La vida y la integridad física de todas las bolivianas y bolivianos deben ser consideradas como un valor supremo.
Acerca del autor
