Pese a los pedidos del TSE y la urgencia del contexto, dos proyectos sobre preclusión electoral siguen estancados por falta de coordinación y voluntad política, según la senadora Daly Santamaría.
La senadora Daly Santamaría (CC) expresó su preocupación por la paralización legislativa en torno a dos proyectos de ley que buscan garantizar la independencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) frente a decisiones judiciales que puedan interferir en el desarrollo de los comicios generales del 17 de agosto. Según advirtió, no hay avances sustanciales ni coordinación en la Cámara Alta, lo que refleja una falta de voluntad política para blindar el proceso electoral.
Los proyectos en cuestión apuntan a reforzar el principio de preclusión en materia electoral, es decir, que los plazos y etapas del calendario no puedan ser suspendidos o revertidos por fallos judiciales una vez cumplidos. Uno de los textos fue presentado por la senadora Silvia Salame y continúa en revisión dentro de la Comisión de Constitución. El segundo proyecto fue aprobado previamente en la Cámara de Diputados, pero fue devuelto a la comisión a solicitud del senador Miguel Flores, lo que frenó su tratamiento en el pleno del Senado.
“La propuesta que vino de Diputados tiene solo tres artículos y una disposición única, y lo importante que añade es que ninguna resolución judicial pueda suspender un proceso electoral. Esa es una diferencia fundamental respecto a lo que dice la Ley 026, que ya contempla el principio de preclusión, pero que no fue respetado en anteriores procesos como las fallidas elecciones judiciales”, explicó Santamaría.
A pesar de que ya existe un marco legal, la senadora considera que es necesario reforzarlo para evitar que la justicia ordinaria interfiera en las decisiones del TSE. “El problema es que desde un inicio se permitió la intromisión judicial en las decisiones del Tribunal Electoral. Se debió actuar con mayor firmeza y no se hizo”, lamentó.
Sobre los motivos de la paralización, Santamaría apuntó a la falta de claridad de la Comisión de Constitución respecto a las posibles modificaciones que pretende introducir al proyecto aprobado por Diputados. “Ni siquiera pudieron explicar en la sesión qué es lo que quieren cambiar. Por eso se decidió postergar su tratamiento. No sabemos si hubo la reunión que se pidió con el Tribunal Electoral para despejar las dudas técnicas”, afirmó.
Además, señaló que existen intereses políticos cruzados dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS) que también estarían influyendo. “Hay una pugna interna evidente. Evo Morales no tiene una sigla clara con la cual avanzar. Andrónico Rodríguez está enredado en demandas judiciales. Y a muchos no les conviene que se apruebe una ley que despeje el camino electoral sin obstáculos”, denunció.
Para Santamaría, esta dilación pone en riesgo la certeza del proceso electoral. “Estamos hablando de una elección vital para el país. Es urgente que el Senado deje de postergar el tratamiento de una norma que puede evitar que nuevamente se judicialicen las elecciones”, concluyó.
Esta semana, tras el cumplimiento del plazo para la inscripción de candidatos para las elecciones generales surgió una ola de demandas judiciales entre denuncias, acciones populares, acciones de libertad y amparos constitucionales, todos contra el TSE, que exigen cancelar la personería jurídica de al menos nueve partidos políticos de alcance nacional bajo el supuesto general de que éstos no se adecuaron a la Ley 1096 de Organizaciones Políticas. Desde el TSE alertan que las elecciones están en riesgo.
Los únicos que se salvan de las denuncias son el Movimiento Al Socialismo (MAS), el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y Nueva Generación Patriótica (NGP).
Las diversas demandas judiciales son en contra de: Acción Democrática Nacionalista (ADN); Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR); Partido Demócrata Cristiano (PDC); Autonomía Para Bolivia (APB- Súmate); Unidad Nacional (UN); Movimiento Demócrata Social (Demócratas); Movimiento de Renovación Nacional (Morena); Movimiento Tercer Sistema (MTS) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS).
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