
El fiscal departamental de Tarija, Aníbal Cabezas, informó que identificó dificultades administrativas, sobrecarga procesal, acefalías y numerosos procesos paralizados tras asumir sus funciones en el Ministerio Público. Entre los principales problemas, reportó más de 3.080 causas activas con personas declaradas rebeldes en el área de litigación penal y anunció una revisión para establecer por qué no se ejecutaron las órdenes de aprehensión correspondientes.

En diálogo con El Guadalupano Periódico Digital, Cabezas señaló que su gestión priorizará la reducción de la mora procesal, la mejora de la atención a la ciudadanía y la lucha frontal contra la corrupción. Asimismo, agradeció al fiscal general del Estado, José Armando Urioste Viera, por la confianza depositada y aseguró que trabajará para fortalecer el acceso a la justicia.

La autoridad explicó que solicitó informes sobre el funcionamiento de la Fiscalía Departamental y encontró deficiencias administrativas que, según indicó, afectan tanto al trabajo interno como a la prestación de servicios. También observó que algunos fiscales tienen más de 250 causas bajo su responsabilidad, mientras asistentes y auxiliares deben cubrir varios despachos y responder a requerimientos dentro de plazos reducidos.
Otro aspecto que preocupa a la nueva autoridad es la existencia de acefalías y los constantes movimientos de funcionarios entre Tarija, Bermejo, Villa Montes y otras jurisdicciones. Cabezas señaló que revisará los procedimientos de entrega de despachos y asignación de responsabilidades para determinar cómo se están realizando las suplencias y evitar dificultades en la continuidad de las investigaciones.
Respecto a los procesos con personas declaradas rebeldes, anunció reuniones de coordinación con los fiscales para conocer el estado de cada caso y las acciones realizadas para ejecutar las aprehensiones. Sostuvo que no es admisible mantener miles de causas sin avances suficientes y afirmó que se establecerán medidas para impulsar los procedimientos pendientes.
Cabezas también cuestionó la emisión reiterada de requerimientos fiscales y las solicitudes de complementación de diligencias preliminares cuando no contribuyen al avance de las investigaciones. En ese sentido, recordó que los procesos penales tienen etapas y plazos establecidos, por lo que exigirá investigaciones completas, objetivas y eficaces, con decisiones oportunas conforme a los elementos disponibles y la normativa vigente.
Finalmente, el fiscal departamental anunció que buscará mejorar los ambientes de trabajo para los fiscales y el personal del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), con especial atención a quienes intervienen en casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Aseguró que su gestión buscará reducir la mora procesal, garantizar el respeto a los derechos humanos y fortalecer la respuesta del Ministerio Público ante las demandas de justicia de la población tarijeña.