Además de la restitución de la interpelación y censura de ministros a través de una ley, se plantean propuestas legislativas respecto a los interinatos, los magistrados “autoprorrogados” y regulación de preclusión en los procesos electorales.
Luego de más de una década de hegemonía oficialista del MAS, el Legislativo y el Gobierno acordaron iniciar la construcción de una agenda mínima hasta el mes noviembre, esto para el cierre de la gestión de Luis Arce. La necesidad de consenso surge ante la demanda del Ejecutivo de viabilizar créditos externos y en un contexto de fuerte fragmentación interna en las tres bancadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“En democracia lo que hay que hacer es diálogo, para eso es el parlamento nacional, es la instancia donde se hacen las discusiones y la agendas parlamentarias. El país requiere que sus partidos políticos dialoguen”, manifestó el senador Guillermo Seoane, jefe de bancada de CC.
Por su parte, la jefa de bancada de Creemos en Diputados, Tatiana Añez, enfatizó: “Estas reuniones que tenemos con los jefes de bancada, el vicepresidente David Choquehuanca y los representantes del Órgano Ejecutivo, no pueden ser solo para hablar y tratar el tema de los créditos, existen muchas cuestionantes con respecto a las facultades que nosotros tenemos como parlamentarios, que son legislar, gestionar y fiscalizar”, declaró la legisladora.
Asimismo el jefe de bancada de CC en Diputados, Enrique Urquidi, remarcó que se trabajará también en el marco de “garantías mutuas” para avanzar en los acuerdos legislativos. “Las cosas tienen que ir de manera paralela y complementaria, tiene que haber un mecanismo simultáneo, a medida que se van aprobando créditos, se tienen que ir aprobando los proyectos que a nosotros nos interesa, no es primero créditos y después lo nuestro”, expresó.
Aunque los temas de la agenda mínima aún están por definirse, se perfilan propuestas relacionadas a la aprobación de normas respecto a la reposición de interpelaciones y censura de ministros, interinatos, “autoprorrogados” del Órgano Judicial, acceso a la información pública y preclusión electoral, entre otros.
nterpelación
Durante la cuarta reunión en la Vicepresidencia, los legisladores de oposición exigieron la restitución de la facultad de interpelación y censura a ministros, actualmente suspendida por una medida cautelar desde 2023. Los legisladores conformaron una comisión técnica multipartidaria con el objetivo de unir las propuestas legislativas y aprobar una sola norma.
Interinatos
En julio de 2021, CC presentó un proyecto de ley de restricción de interinatos, que busca establecer un plazo máximo de 90 días para el ejercicio de funciones por autoridades interinas en instituciones del Estado, pese a su importancia, la propuesta no avanzó. En enero de 2024, la diputada Luisa Claros intentó nuevamente impulsar su tratamiento, sin éxito.
Autoprorrogados
Luego de la elección judicial parcial del 15 de diciembre quedó pendiente la elección de cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en Beni, Pando, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija, y de dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Beni y Pando. El TCP resolvió extender el mandato de siete magistrados, hasta que se concluya el proceso de selección y posesión de nuevas autoridades.
Esa decisión generó cuestionamientos sobre la legalidad y legitimidad de los denominados “autoprorrogados” debido a que la Constitución limita que estén en el cargo por seis años.
Preclusión
En mayo de 2025, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley para garantizar el principio de preclusión en los procesos electorales para asegurar que cada etapa del proceso tenga un cierre definitivo y no pueda ser anulada o reabierta. El proyecto fue remitido al Senado para su revisión y esta a la espera de su aprobación.
Acceso a la información
En octubre de 2024 el Senado aprobó el de Acceso a la Información y Documentación Pública, la iniciativa se encuentra en revisión por la Cámara de Diputados. El proyecto de ley establece que todas las entidades públicas están obligadas a entregar información solicitada en un plazo de 15 días hábiles, con una posible ampliación de 5 días adicionales. Además, contempla sanciones para quienes nieguen el acceso de forma injustificada.
La negociación
- Reuniones Las reuniones entre el Ejecutivo y el Legislativo se originaron a partir del IV Encuentro Multipartidario e Interinstitucional, convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Las autoridades se reunieron en cuatro oportunidades.
- Reactivación El 18 de junio, la Cámara de Diputados aprobó dos créditos por un $us 160 millones, mientras que el Senado autorizó un crédito adicional de $us 250 millones. Esta reactivación en el tratamiento y aprobación de créditos externos se produce después de dos años.
El Deber
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