El gobernador también señaló que, al menos, deberían analizarse, modificarse o eliminarse los artículos que afectan a los recursos naturales
Mientras algunos sectores continúan manifestándose en contra del Decreto Supremo 5503, argumentando que este es perjudicial para la población boliviana y los recursos naturales del país, otros defienden la medida, calificándola como una acción necesaria para que el país pueda superar la crisis actual.
Por su parte, el gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, indicó que el decreto afecta a toda la población por igual e informó que espera reunirse con el Gobierno, en espacios como el Consejo Nacional de Autonomías, donde busca debatir el tema junto al resto de los gobernadores.
A pesar de esto, Condori se manifestó en contra del decreto, y, en su opinión, este debe ser abrogado para restaurar la paz y la estabilidad a nivel nacional. “El decreto tiene que abrogarse, solo así el país puede volver a la paz”, afirmó en una conferencia de prensa.
El gobernador también señaló que, al menos, deberían analizarse, modificarse o eliminarse los artículos que afectan a los recursos naturales. “No vamos a permitir fácilmente que rifen a nuestros recursos naturales”, declaró, haciendo referencia a los artículos 11 y 12 del DS 5503.
Además, pidió al Gobierno socializar este tipo de medidas antes de que sean promulgadas, con el fin de alcanzar los consensos necesarios y evitar la conflictividad.
El artículo 11 no necesariamente atenta contra los recursos naturales, ya que regula las inversiones estratégicas mediante un contrato claro entre el Estado y el inversionista. Establece obligaciones y cláusulas de estabilidad jurídica, que pueden incluir compromisos ambientales, asegurando que los proyectos se ajusten a las normativas de protección de los recursos naturales y evitando decisiones arbitrarias que puedan dañar el medioambiente.
Por su parte, el artículo 12 establece un procedimiento de ‘Fast Track’ para la aprobación de proyectos de inversión. Sin embargo, esto no implica que se ignore el medioambiente. A pesar de la rapidez del proceso, se mantiene una evaluación técnica prioritaria para asegurar que los proyectos cumplan con las normativas ambientales. De esta manera, la agilidad en los trámites no pone en riesgo la protección de los recursos naturales.
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