El candidato de la alianza UNIDAD, Samuel Doria Medina, presentó el que será su segundo decreto si resultase electo presidente este 17 de agosto. El primero que propuso será el decreto “Se acabó la fiesta” y establecerá recortes de entre 40 y 100% de los privilegios de la burocracia política. Este segundo llevará el nombre de “Se acabó el secreto” y será un antídoto a “20 años los sucesivos gobiernos del MAS, que han considerado a las instituciones gubernamentales y estatales como su propiedad y no como espacios plurales bajo el control democrático del pueblo y las leyes”, informó la Alianza Unidad mediante una nota de prensa.
Frente a ello, el primer artículo del decreto señala que “se establece la total transparencia de todos los contratos, acuerdos y convenidos que celebre el Estado con otros Estados, con empresas trasnacionales y nacionales, con organismos internacionales y sus agencias. Toda la información que respalde, explique y constituya dichos contratos, acuerdos y convenios, será publicada por las autoridades competentes. Los funcionarios que transgredieran esta disposición serán procesados por desacato a la autoridad y otros delitos asociados”.
Doria Medina explicó por qué es importante la transparencia de la información y los datos estatales. “Bajo el MAS, los parlamentarios de oposición e incluso oficialistas han sido inducidos a votar en uno u otro sentido mediante la maniobra de suprimir la información que necesitaban”, ejemplificó. “Los contratos de litio han sido considerados por el gobierno del presidente Luis Arce como ´secreto de Estado´para poder imponerlos sin consultar a las regiones productora”, complementó.
Samuel también habló del caso del BCB, que complicó la crisis financiera actual por silenciar la información sobre las reservas internacionales, y del de YPFB, que se ha negado sistemáticamente a entregar información oportuna sobre las reservas de gas. “Esto impidió que el pueblo boliviano tomara conciencia a tiempo de la gravedad de la crisis energética que estaba por afectar al país y que nos iba a conducir a la actual crisis económica”. Por estas razones, concluyó Doria Medina, “la transparencia resulta fundamental no solo para la democracia, sino también para el funcionamiento correcto de los mercados”.
El decreto anula y deja sin efecto el acuerdo de cooperación en materia de defensa firmado por el anterior gobierno de Bolivia con el Estado de Irán, otro ejemplo del secretismo con que el MAS manejó a Bolivia y que puso en riesgo al país.
También instruye al Banco Central y YPFB publicar sin demora la información sobre la economía y la industria del gas, y a la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) volver a publicar los nombres de los accionistas que están detrás de las llamadas “sociedades controladoras de los bancos”, a fin de que haya más claridad en el sistema financiero.
El decreto transforma las actuales y rutinarias rendiciones de cuentas de las Máximas Autoridades Ejecutivas de las reparticiones públicas en espacios de debate de los problemas y los desafíos de las instituciones, y “autoriza el acceso pleno de los todos los periodistas y medios de comunicación a la información generada cotidianamente por el Poder Ejecutivo”. Establece mecanismos para evitar las contravenciones a esta decisión de apertura de los archivos estatales.
Se obliga al Instituto Nacional de Estadísticas a abrir sus bases de datos a los ciudadanos. Y se exige que todos los responsables del Poder Ejecutivo que institucionalicen las instituciones de análisis y diagnóstico que estén a su cargo, todo bajo el precepto del “uso público” de la información de la esfera pública.
El decreto también exhorta al Poder Judicial a facilitar el acceso público a los procesos judiciales y a ponerlos bajo reserva por una única razón, la de evitar la revictimización.
Finalmente, el decreto asegura que el presidente dará una conferencia de prensa con preguntas de la prensa una vez a la semana, otra sana costumbre democrática que ha sido erradicada en los últimos 20 años.
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