El dirigente trotskista también propuso estatizar la gran agroindustria del oriente del país para garantizar que el Estado tenga el monopolio del comercio exterior
El dirigente del magisterio urbano paceño, José Luis Álvarez, expuso su visión política en el marco del conflicto por el Decreto Supremo 5503. Según Álvarez, esta norma debe ser abrogada, pero su propuesta va más allá: aboga por una política de estatización que, asegura, debería ser implementada por el Gobierno.
En primer lugar, Álvarez propuso nacionalizar los recursos naturales, argumentando que actualmente están en manos de transnacionales. “De esta forma, tendremos con seguridad suficientes recursos para atender las necesidades de todos los bolivianos”, afirmó.
El dirigente trotskista también planteó la estatización de la banca privada, a la que calificó como un “chupasangre de los más pobres”, y demandó que el oro, actualmente controlado por grandes cooperativistas, pase a manos del Estado. “Todo debe estar bajo control estatal”, sostuvo.
Asimismo, Álvarez propuso estatizar la gran agroindustria del oriente del país para garantizar que el Estado tenga el monopolio del comercio exterior, lo que permitiría asegurar ingresos.
“¿En manos de quién está el dólar? En manos de los grandes empresarios. Estos empresarios, al comprar o vender productos al exterior, lo hacen en dólares. ¿Y esos dólares dónde se quedan? En sus cuentas personales fuera del país”, denunció.
El dirigente también expresó su rechazo al sistema capitalista y a la idea de fomentar las inversiones extranjeras, que considera un medio para el saqueo de los recursos nacionales.
En este contexto, señaló que, si el Gobierno no es capaz de llevar a cabo una política de estatización, debería ceder el poder a otro tipo de gobierno, uno encabezado por los obreros. “Todos los bolivianos debemos instaurar nuestro propio Gobierno de obreros y campesinos”, subrayó.
Álvarez, quien actualmente se encuentra en huelga de hambre contra el Decreto Supremo 5503, rechaza la norma debido a que considera que afecta gravemente a la economía de la población, congela los salarios del sector público y representa una «entrega» de los recursos del país.
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