Defensoría del Pueblo expresa su “extrema preocupación” por anulación de obrados del caso Senkata
La Defensoría del Pueblo expresó este miércoles su “extrema preocupación” por la anulación de obrados del caso Senkata, en el que el lunes ordenó la libertad de la expresidenta Jeanine Añez. Además, señaló que informó este hecho a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El lunes, el juez de El Alto David Kasa decidió anular los obrados del caso Senkata y declinó la competencia de la justicia ordinaria en este proceso. Por ello, ordenó que se envíe los antecedentes de este juicio ante la Fiscalía General, para que se tramite un juicio de responsabilidades en contra de Añez.
“La Defensoría del Pueblo expresa su extrema preocupación por las recientes determinaciones de la justicia boliviana en relación a las víctimas del caso Senkata, que refieren la anulación de obrados hasta fs. 2 de los antecedentes; considerando que la causa penal inició el 19 de noviembre de 2019, a la fecha, habrían transcurrido más de cinco años desde el inicio de la investigación penal”, señaló la Defensoría del Pueblo a través de un pronunciamiento.
En ese documento, se indica que familiares y víctimas del caso Senkata hicieron conocer su profunda preocupación por las recientes determinaciones judiciales adoptadas en los procesos penales vinculados a estos hechos
La Defensoría también recuerda que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) “devela la vulneración de derechos humanos en los hechos del 2019”, mientras que en sus recomendaciones expresa la necesidad de: investigar de manera seria, efectiva, exhaustiva, diligente, con pleno respeto del debido proceso de los derechos de las víctimas y su derecho a la tutela judicial efectiva y de las personas imputadas y procesadas.
“Como Institución Nacional de Derechos Humanos, y en el marco de nuestra labor de seguimiento al proceso de verdad, justicia y reparación integral para las víctimas y su derecho a la tutela judicial efectiva, se informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación actual de dichos procesos, manifestando su alta preocupación por el riesgo de que estas decisiones generen espacios de impunidad y vulneren los derechos de las víctimas a acceder a la justicia de manera pronta y efectiva”, añadió la Defensoría del Pueblo.
Por otra parte, la Defensoría informó que solicitó al Fiscal General, al Tribunal Supremo de Justicia, a la Procuraduría General del Estado, al Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a la Asamblea Legislativa Plurinacional y al Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima informen sobre las acciones realizadas, según sus competencias, para garantizar mecanismos y medidas de protección adoptadas con otras instancias del Estado, para mantener bajo reserva la identidad, individualización o localización de las personas denunciantes, víctimas y testigos dentro del proceso de Senkata.
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