La Alcaldía de Tarija volvió a cuestionar los descuentos aplicados a los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y advirtió que el adelanto anunciado por el Gobierno nacional no representa una solución estructural para la crisis económica que atraviesan los municipios y gobernaciones del país. Desde el ejecutivo municipal consideran que únicamente se está anticipando dinero que ya corresponde a las regiones, pero manteniendo las mismas retenciones que afectan seriamente las finanzas locales.
En diálogo con El Guadalupano Periódico Digital, el vocero municipal Adrián Vega explicó que el pago adelantado anunciado para este 13 de mayo llegará nuevamente con el descuento del 12% establecido por la Ley 767, situación que según afirmó mantiene intacto el problema de fondo. Señaló que las regiones necesitan medidas reales de alivio económico y no únicamente adelantos financieros que continúan reduciendo los ingresos municipales y departamentales.
Vega sostuvo que la principal demanda de los gobiernos subnacionales apunta a suspender durante toda la gestión 2026 el cobro de ese 12% sobre los recursos del IDH, argumentando que actualmente las alcaldías y gobernaciones enfrentan dificultades para cubrir programas esenciales, funcionamiento institucional y proyectos de inversión pública. Añadió que esta reducción permanente de recursos limita la capacidad de respuesta de las autoridades frente a necesidades urgentes de salud, educación, seguridad ciudadana e infraestructura.
Asimismo, remarcó que otro de los planteamientos centrales consiste en la devolución de todos los recursos que ya fueron descontados y que, según indicó, deberían encontrarse resguardados en cuentas del Banco Central de Bolivia. De acuerdo con los cálculos expuestos por la Alcaldía, solo el municipio de Tarija tendría retenidos más de 51 millones de bolivianos, recursos que consideran pertenecen directamente a la población tarijeña y que podrían utilizarse para dinamizar la economía local mediante obras y programas públicos.
La autoridad municipal afirmó que este reclamo no involucra únicamente al municipio de Cercado, sino también a la Gobernación, a la Región Autónoma del Gran Chaco y al resto de municipios del departamento, los cuales también enfrentan una fuerte disminución de ingresos. En ese sentido, señaló que la suma global de recursos retenidos representa una cantidad importante de dinero que podría convertirse en un alivio inmediato para las administraciones públicas y para la propia economía regional.
Vega explicó además que esta posición fue planteada oficialmente durante el Encuentro Nacional convocado junto a la Asociación de Municipalidades de Bolivia, donde distintas autoridades coincidieron en la necesidad de discutir mecanismos de compensación financiera mientras continúa el debate sobre el pacto fiscal y la propuesta del denominado “50 y 50”. Indicó que hasta el momento no existe una metodología clara ni un cronograma definido para tratar este tema estructural relacionado con la redistribución de recursos.
Finalmente, el vocero municipal manifestó que otra de las solicitudes planteadas al Gobierno nacional consiste en que el nivel central asuma directamente programas nacionales vinculados al pago de bonos y rentas, evitando que estos costos sigan siendo cargados a gobernaciones y municipios. Según afirmó, las regiones necesitan recuperar capacidad económica para sostener servicios básicos y responder a las demandas ciudadanas en un contexto marcado por la caída de ingresos y la creciente presión financiera sobre las instituciones públicas.
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