La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos expresó preocupación por la paralización de un proceso judicial que actualmente se encuentra suspendido tras la declaratoria de rebeldía emitida contra el acusado, situación que volvió a abrir el debate sobre la independencia de la justicia y la influencia política dentro de las decisiones judiciales en el país. Desde la institución consideran que el caso refleja las debilidades estructurales del sistema judicial boliviano y la falta de acciones firmes para garantizar el cumplimiento de las determinaciones legales.
En diálogo con El Guadalupano Periódico Digital, el representante de Derechos Humanos, David López, explicó que el Tribunal Penal ya había dado inicio formal a la etapa de juicio oral; sin embargo, el proceso quedó detenido luego de que se emitiera la declaratoria de rebeldía y el mandamiento correspondiente contra el acusado. Señaló que, en cualquier Estado de derecho sólido, las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley tendrían que actuar de manera inmediata para garantizar la comparecencia de cualquier persona sometida a un proceso judicial.
López sostuvo que toda persona tiene plenamente garantizados sus derechos constitucionales, incluyendo el derecho a la defensa, al debido proceso y a las garantías procesales establecidas por la normativa vigente. No obstante, cuestionó que en este tipo de casos los factores políticos terminan influyendo por encima de los criterios jurídicos, generando una situación prolongada de incertidumbre judicial que, según afirmó, ya se arrastra desde hace bastante tiempo dentro de distintas instancias del sistema de justicia boliviano.
Asimismo, manifestó que si la defensa del acusado sostiene públicamente que existen pruebas suficientes para demostrar su inocencia, lo coherente sería presentarse ante las autoridades judiciales y asumir el proceso dentro del marco legal establecido. Indicó que incluso ante un eventual fallo adverso existen otros mecanismos y recursos legales que permiten continuar ejerciendo el derecho a la defensa sin necesidad de permanecer fuera del alcance de la justicia.
El representante de Derechos Humanos también dejó entrever la posibilidad de que existan factores de protección política que estarían dificultando la ejecución efectiva de las decisiones judiciales. Según expresó, este tipo de situaciones no son nuevas dentro de la realidad política boliviana y responden a una estructura institucional debilitada donde muchas veces las decisiones jurídicas terminan subordinadas a intereses políticos o cálculos de poder.
En ese sentido, López remarcó que cualquier ciudadano que enfrenta una acusación penal debería ser conducido ante las instancias correspondientes para someterse al proceso judicial sin privilegios ni excepciones. Afirmó que la aplicación de la ley debe realizarse de manera igualitaria para todos y que la demora en la ejecución de mandamientos judiciales genera desconfianza ciudadana sobre la capacidad del Estado para garantizar justicia imparcial y efectiva.
Finalmente, David López lamentó que continúe predominando la influencia política sobre el funcionamiento de las instituciones judiciales y sostuvo que la falta de decisiones firmes termina debilitando aún más la credibilidad del sistema de justicia. Añadió que mientras no existan acciones concretas para fortalecer la institucionalidad y garantizar el cumplimiento pleno de las normas, persistirá la percepción de que ciertos actores cuentan con ventajas o protecciones especiales frente a la ley.
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