Una petición de reporte solicitado por el senador, Henry Montero (Creemos), sobre las personas que dejaron sus cargos y deben ser arraigados dio como resultado que la Contraloría solo revisó las declaraciones juradas de 46 autoridades que dejaron sus cargos jerárquicos, pero no solicitó sus arraigos.
“Con anticipación pedimos a la Contraloría General del Estado que aplique la Ley 1352, de remitir la lista de las autoridades del Órgano Ejecutivo a la Dirección General de Migración para la respectiva alerta migratoria porque en semanas más cumplirán y cesarán en sus funciones. Deben permanecer obligatoriamente en Bolivia por tres meses más para rendir cuenta de sus actos”, dijo el senador Montero a través de una nota.
La denominada Ley de Arraigos fue promulgada en octubre de 2020 por la entonces presidenta del Senado, Eva Copa, para impedir que las autoridades del gobierno de Jeanine Áñez abandonen el país luego del 8 de noviembre de aquel año. Esa norma está vigente ya que no fue abrogada. Ahora los opositores exigen el cumplimiento de la norma y pidieron a la Contraloría General del Estado (CGE) remita las listas de autoridades jerárquicas y se que declare alerta migratoria.
El 11 de septiembre el senador Montero remitió su petición a la contralora, Nora Mamani Cabrera y ésta respondió el 17 de este mes. En su respuesta, solo menciona que son 46 exautoridades jerárquicas que presentaron sus declaraciones juradas de bienes, pero no indica de quiénes se trata.
“Para fines consiguientes y a manera de ejemplo se adjunta impresión de los 3 últimos correos enviados, señalando además, que en el periodo de 01/06/2025 al 11/09/2025 se ha reportado 46 Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas por dejación de cargo”, señala la respuesta remitida por la contralora, Nora Mamani.
Según el artículo 3 de la Ley 1352 quienes están prohibidos de dejar el país son: el Presidente, Vicepresidente, ministros del Estado, asambleístas nacionales, gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales, concejales municipales y máximas autoridades ejecutivas de las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos estatales que hayan cesado en su mandato o hayan sido destituidos.
La disposición final de la norma manda a la CGE a que remita la lista de todas estas autoridades y que solicite su arraigo, en cumplimiento de esta ley.
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