El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, anunció que se iniciarán auditorías a los procesos judiciales de los jueces y exvocales involucrados en el denominado caso Consorcio. Además, rechazó que el Consejo o su presidencia hayan tenido participación en los hechos denunciados.
“El Consejo de la Magistratura es garante de la independencia judicial. No permitiremos que se utilice el nombre de esta institución para justificar actos ilícitos”, sostuvo Baptista.
El Consejo de la Magistratura acusó formalmente al juez de Coroico, Fernando Marcelo Lea Plaza, por el delito de prevaricato, tras emitir una resolución presuntamente irregular destinada a favorecer a un magistrado suplente.
Según Baptista, fue la declaración ampliatoria del juez Lea Plaza, ya en calidad de aprehendido, la que mencionó a otras autoridades y derivó en una ampliación de la investigación por otros delitos como consorcio judicial. Y aclaró que ninguna autoridad del Consejo de la Magistratura participó o avaló tales actos.
“Se nos menciona en una declaración del juez, quien dice que otra vocal le habría asegurado que todo estaba hablado con el Consejo y otras instancias. Sin embargo, en la audiencia, esa vocal, ahora exvocal Claudia Castro, no menciona en ningún momento al Consejo de la Magistratura, ni a sus miembros. Por eso solicitamos el acta legalizada de dicha audiencia para esclarecer esta contradicción”, puntualizó.
Implicados ya no ejercen funciones
El presidente del Consejo también informó que el juez de Coroico se encuentra suspendido y enfrenta un proceso disciplinario interno, además del proceso penal abierto por el Ministerio Público.
Respecto de los exvocales Claudia Castro, el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Iván Córdova, y el magistrado suplente Iván Campero, Baptista confirmó que presentaron sus renuncias, las cuales fueron aceptadas por las instancias correspondientes, y ya no ejercen funciones judiciales.
Sobre el exministro César Siles, detenido por este caso, Baptista indicó que “no tenemos competencia ni información precisa sobre personas que no son funcionarios del Órgano Judicial, como abogados o exministros”.
Auditorías a los procesos judiciales
Informó que el Consejo ordenará auditorías a los procesos judiciales en los que participaron jueces y vocales implicados en el caso. “Si un juez actúa conforme a la ley y la Constitución, será protegido. Pero si permite interferencias y no las denuncia, será procesado y sancionado. Eso ha ocurrido en este caso”, afirmó.
El titular del Consejo subrayó que la institución está dispuesta a coadyuvar con el Ministerio Público, pero aclaró que no tiene facultades penales: “No metemos a nadie a la cárcel, pero sí garantizamos que haya control disciplinario y auditorías judiciales rigurosas”, concluyó.
Correo del Sur
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