El caso, en etapa preliminar, apunta a funcionarios de YPFB y a una representante de la filial de la propia estatal. El caso se declaró en reserva.
Escándalo. El fiscal Omar Yujra informó que la Fiscalía abrió una investigación preliminar por presunto sobreprecio en la importación de combustibles: diésel, gasolina y petróleo crudo, y que involucra a más de cinco personas, entre ellas funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y una ciudadana de nacionalidad paraguaya, representante de la empresa Botrading, filial de la petrolera estatal.
La denuncia contra la autoridad fue presentada por el exfuncionario de la estatal, Ludwing Sánchez, quien incluso, de manera pública, acusó a Yacimientos de presuntas irregularidades en la compra de combustibles. Paralelamente, una comisión de la Asamblea Legislativa investigó el caso y detectó indicios de anomalías en la adquisición de carburantes. Según los parlamentarios, una filial de YPFB vendía diésel y gasolina a la propia compañía con sobreprecios.
“En un par de semanas hemos recibido una denuncia por presuntos hechos de sobreprecio en la importación de combustibles. La investigación se encuentra en etapa preliminar, se han realizado diligencias de carácter reservado y se han emitido los requerimientos a las instancias correspondientes para obtener información y esclarecer el caso”, señaló Yujra.
Entre los investigados está el presidente de la Yacimientos, Armin Dorgathen, junto a otros funcionarios de la estatal. “Se está coordinando con la comisión de investigadores para que se convoque a declarar a estas personas. Son más de cinco los investigados”, precisó.
Consultado sobre los indicios y delitos que se indagan, el fiscal señaló que la Fiscalía Departamental de La Paz ha establecido que existe una presunta responsabilidad, aunque no brindó mayores detalles porque el caso está bajo reserva.
La denuncia, según Yujra, apunta a determinar si se cometieron irregularidades en los procesos de compra internacional de combustibles, lo que podría implicar daño económico al Estado.
La estatal aun no se pronunció sobre este proceso penal.
El Deber
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