
El asambleísta departamental José Yucra se pronunció sobre la situación financiera de la Gobernación de Tarija y cuestionó las ofertas que según afirmó—se realizan sin responsabilidad. “No es solamente ir a ofrecer demagógicamente, mintiéndoles, ofreciéndoles cielo y tierra para captar votos”, manifestó, señalando que la administración pública debe actuar con seriedad en función de los recursos reales disponibles.
Yucra explicó que en la gestión 2025, el gobernador Óscar Montes recibió 405 millones de bolivianos, pero aclaró que gran parte de ese monto ya está comprometido por deudas de anteriores gestiones, quedando disponibles aproximadamente 60 millones de bolivianos. En ese marco, advirtió que no se puede prometer más allá de las posibilidades económicas reales del departamento.
Asimismo, indicó que en total se habrían manejado 505 millones de bolivianos, aunque anticipó que los ingresos tenderán a disminuir en la presente gestión. En esa línea, sostuvo que el exgobernador Mario Cossío debería informarse sobre la situación económica actual antes de emitir criterios, señalando que al no haber permanecido en Bolivia desconoce la realidad financiera del departamento.

Frente a este panorama, el asambleísta informó que se realizó una nueva planificación y redistribución presupuestaria priorizando tres áreas fundamentales. La primera es el ámbito social, garantizando la entrega de 12 canastas alimentarias para el adulto mayor y personas con discapacidad. El segundo eje contempla el incremento del PROSOL de 2.250 a 3.000 bolivianos para las familias campesinas, medida que aseguró está respaldada con los recursos económicos disponibles.
Como tercer punto, destacó la garantía de ítems y estabilidad laboral en el sector salud, con el objetivo de fortalecer la atención médica ante las enfermedades que afectan al departamento. “Alcanza la plata, hemos hecho una nueva redistribución, alcanza la plata”, enfatizó Yucra, detallando que para lograrlo se reducirá al menos en un 50% los recursos destinados a gastos de funcionamiento, que actualmente suman 54 millones de bolivianos más 16 millones adicionales, buscando un uso más eficiente y transparente de los fondos públicos.
