
Los gobiernos municipales del país ratificaron su preocupación por la delicada situación financiera que atraviesan las alcaldías y coincidieron en la necesidad de impulsar medidas urgentes que permitan garantizar la continuidad de proyectos, servicios y programas destinados a la población. La posición fue reafirmada durante una reunión nacional desarrollada el pasado viernes en la ciudad de Cochabamba, donde las autoridades municipales analizaron el impacto de la reducción de ingresos y las alternativas para enfrentar la crisis económica.

En diálogo con El Guadalupano Periódico Digital, el alcalde de Tarija, Johnny Torres, informó que los representantes municipales volvieron a reunirse para consolidar una postura conjunta frente a la difícil realidad financiera que afecta a los gobiernos locales. Señaló que, más allá de identificar los problemas existentes, el encuentro estuvo orientado a construir propuestas concretas que permitan generar soluciones de corto y largo plazo para los municipios de Bolivia.

La principal demanda expuesta durante el encuentro está relacionada con la recuperación de recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), considerados fundamentales para fortalecer las finanzas municipales. Según explicó, la restitución de estos recursos permitiría a las alcaldías ejecutar un plan de acción inmediato hasta fin de año, garantizando inversiones y la atención de las necesidades más urgentes de la población.
Torres manifestó que la discusión también debe proyectarse hacia los próximos años, tomando en cuenta que los municipios requieren una planificación sostenible que les permita enfrentar los desafíos económicos futuros. En ese sentido, remarcó la importancia de abrir un debate nacional sobre la distribución de recursos y la sostenibilidad financiera de las entidades territoriales autónomas.
Asimismo, indicó que dentro de las propuestas analizadas se encuentra la revisión de la distribución de recursos bajo el criterio denominado “50-50”, además de la necesidad de corregir normas nacionales que actualmente generan obligaciones económicas para los municipios sin contemplar mecanismos de financiamiento adecuados por parte del nivel central del Estado.
La autoridad sostuvo que varios programas y competencias establecidas mediante leyes nacionales terminan siendo cubiertos con recursos municipales, situación que genera una presión financiera adicional sobre las alcaldías. Por ello, consideró imprescindible revisar estos mecanismos para evitar que continúe deteriorándose la capacidad económica de los gobiernos locales.
Finalmente, Torres recordó que el fondo de recuperación económica se encuentra contemplado dentro de la Ley 767 y señaló que parte de estos recursos fueron restituidos anteriormente mediante la Ley 307 durante la gestión transitoria de la expresidenta Jeanine Áñez. En ese marco, los municipios esperan que el Gobierno nacional atienda sus planteamientos y permita avanzar en soluciones estructurales que garanticen estabilidad financiera para los gobiernos locales y mejores condiciones de desarrollo para la población.