Frente a un escenario económico adverso por la constante reducción de ingresos provenientes del sector hidrocarburífero, la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija aprobó este jueves una nueva norma orientada a adecuar el funcionamiento financiero del Gobierno Departamental. La ley fue respaldada por mayoría absoluta en una sesión marcada por el debate político y técnico sobre la sostenibilidad económica de la gestión pública.
Durante un contacto con El Guadalupano Periódico Digital, asambleístas del bloque mayoritario señalaron que esta ley es una respuesta directa a la crítica situación de liquidez que atraviesa la Gobernación. «Se trata de una herramienta normativa que prioriza el uso racional y responsable de los fondos efectivamente recibidos. No podemos seguir comprometiendo recursos que no existen», afirmaron.
La ley en cuestión establece que todos los compromisos económicos asumidos anteriormente ya sea por leyes, decretos, convenios u otros instrumentos deberán ejecutarse únicamente en función de la disponibilidad financiera real. Esto implica un cambio sustancial en la manera de administrar las finanzas públicas, buscando evitar mayores deudas o compromisos incumplidos.
Según datos oficiales expuestos en la sesión, entre enero y mayo de este año, el departamento dejó de percibir aproximadamente 45 millones de bolivianos, lo que representa el 29% de lo inicialmente proyectado. Si esta tendencia se mantiene, se estima que hacia fin de año podrían faltar cerca de 147 millones, es decir, un 33% del total programado.
La nueva normativa, además, instruye al Órgano Ejecutivo Departamental a destinar prioritariamente los recursos que lleguen para cubrir competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Departamental, priorizando programas en ejecución y necesidades urgentes. Esta disposición busca garantizar la continuidad mínima de servicios esenciales.
En la sesión, el bloque denominado “institucionalistas” defendió la aprobación señalando que la norma ofrece una base legal sólida para afrontar la crisis económica sin generar falsas expectativas en la población ni compromisos imposibles de cumplir. “No es una ley de emergencia, es una ley de realismo financiero”, puntualizaron.
Cabe destacar que esta propuesta sustituye a una anterior denominada Ley de Emergencia Financiera, también impulsada por el Ejecutivo departamental. A diferencia de aquella, la norma aprobada no declara emergencia, sino que establece criterios específicos de ejecución presupuestaria basada en lo efectivamente recibido.
La Gobernación, por su parte, deberá ahora adecuar su planificación institucional a esta nueva disposición, reordenando prioridades y buscando mecanismos alternativos de financiamiento para proyectos que no cuenten con respaldo económico inmediato.
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