El proyecto de ley del censo tiene un plazo de 10 días para ser promulgado y dar certidumbre a la población, aseguró la ministra de Comunicación, Gabriela Alcón, quien, por otro lado, consideró que corresponde que las instancias llamadas por ley investiguen y definan responsabilidades por los hechos de violencia ocurridos en los 36 días de paro en Santa Cruz.
“Todavía no se ha promulgado la ley, eso corresponderá en las siguientes horas o días, dentro de este periodo de 10 días que tiene para promulgar dicha ley. Lo importante es que había que darle certidumbre al país”, explicó e insistió en que “estamos dentro del plazo que se va a promulgar la ley, esos 10 días que corresponden”.
La Constitución Política del Estado establece el plazo de 10 días para que el Presidente del Estado promulgue una ley sancionada en el Legislativo.
Una vez la Asamblea Legislativa Plurinacional sancionó el proyecto de ley de “aplicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda en los ámbitos financiero y electoral”, la iniciativa legal fue derivada al Ejecutivo para su promulgación.
El proyecto reflejó el contenido del decreto 4824 que fijó para el 23 de marzo de 2024 el censo y para septiembre de ese año la redistribución de recursos de coparticipación. También determina la entrega al poder electoral, en septiembre de 2024, de los datos censales para la reasignación de los escaños legislativos.
El gobernador Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, terminaron aceptando el censo en 2024 a 36 días del paro, pese a que esta propuesta la hizo el Gobierno en el primer día de la extrema medida de presión.
No obstante, exigieron que el decreto sea plasmado en una ley.
Alcón llamó a no politizar este tema y convocó ahora a trabajar por Santa Cruz y la reconstrucción económica.
En el paro cívico se reportaron cuatro muertos, más de 180 heridos, saqueo de negocios, agresiones, una violación grupal en un punto de bloqueo, violencia en puntos de bloqueo, saqueos y quema de la sede de los campesinos.
“Todos estos hechos tienen que investigarse, así que está en esa instancia. No pueden quedar en la impunidad”, afirmó.
ABI
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