La audiencia virtual fue fijada para el 24 de febrero en La Paz; el abogado Jaime Soliz sostiene que el proceso podría sentar un precedente que afecte el derecho a opinar
El vicepresidente Edmand Lara interpuso una Acción de Protección de Privacidad en contra de su exfuncionario Jaime Soliz, en un caso que ha generado cuestionamientos sobre los límites entre la privacidad de las autoridades y la libertad de expresión en Bolivia. La acción fue presentada ante la Sala Constitucional Segunda de La Paz, que programó una audiencia virtual para el próximo 24 de febrero, según la documentación difundida por el propio Soliz.
El exdirector de la Vicepresidencia explicó que el recurso judicial responde a declaraciones en las que afirmó que Lara debía someterse a una evaluación psicológica. “Lo sostengo, no estoy diciendo que él está quebrado de problemas psicológicos, ni estoy exponiendo ningún tipo de estudio clínico psicológico, simplemente que necesita una valoración psicológica cómo lo puede decir cualquier ciudadano”, manifestó en un video difundido públicamente.
Soliz ocupó un cargo en la Vicepresidencia por un breve periodo, tras el cual se apartó cuestionando la actitud del vicepresidente y de su entorno. A raíz de la acción judicial en su contra, el abogado criticó que una autoridad de alto rango recurra a mecanismos de protección de privacidad, señalando que, por su función pública, debe estar sujeta al escrutinio ciudadano y actuar con transparencia.
Asimismo, sostuvo que la demanda podría representar una restricción a la libertad de expresión, al considerar que busca impedir que los ciudadanos emitan opiniones sobre el accionar de autoridades. En ese sentido, advirtió que este proceso podría tener implicaciones más amplias.
“Si ese tribunal constitucional fallar en contra mía, todo cualquier persona que se anime a criticar va a ser censurado, pero esto viola pactos importantes a los cuales el país está sujeto”, afirmó Soliz, quien considera que el caso también refleja un intento de limitar las voces que se expresan mediante plataformas digitales.
La Sala Constitucional deberá analizar los argumentos de ambas partes en la audiencia programada, en un proceso que podría marcar un precedente sobre el equilibrio entre el derecho a la privacidad de las autoridades y la libertad de expresión en el país.
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