Los manifestantes pasaron la noche del lunes frente a la Casa Grande del Pueblo y advirtieron que no se irán hasta que el mandatario los reciba.
Familiares de las víctimas de las llamadas masacres de Senkata y Sacaba registradas durante la crisis de 2019 protestaron este martes para denunciar que se sienten «utilizados» y para exigir una audiencia con el presidente, Luis Arce, para que haga justicia por sus muertos.
Unas 50 personas provenientes de Sacaba, en Cochabamba, y de Senkata, en El Alto, llegaron desde la tarde del lunes a La Paz y pasaron la noche frente a la Casa Grande del Pueblo, sede del Ejecutivo, portando carteles y fotografías de sus familiares muertos.
Según la Defensoría del Pueblo, entre el 21 de octubre y el 24 de noviembre de 2019 fallecieron más de 30 personas en diversos operativos policiales y militares, en medio de la tensión y los constantes enfrentamientos a favor y en contra de Evo Morales, quien en ese año renunció a la Presidencia junto a los que seguían en la línea de sucesión, lo que generó un vacío de poder.
Posteriormente asumió la Presidencia de manera interina Jeanine Añez, como segunda vicepresidenta del Senado, y es precisamente por este hecho y los operativos de las fuerzas en 2019 que la exmandataria transitoria junto a dos de sus exministros y varios exjefes militares y policiales están en prisión preventiva por los casos llamados «golpe de Estado I y II».
«Nos sentimos utilizados, no solamente por el Gobierno, sino por todas las organizaciones sociales que no nos dan importancia», dijo a medios locales Óscar Saavedra, una de las víctimas de los conflictos de 2019.
Los manifestantes también recordaron que un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) instó en marzo pasado a la Justicia boliviana a que avance en todas las investigaciones de los hechos de 2019 en los que hubo muerte de civiles y violaciones a los derechos humanos.
En el «Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019», el GIEI detalló los sucesos que afrontó Bolivia antes de la renuncia de Morales a la Presidencia y la posterior llegada de Añez al poder de manera interina.
El documento fue elaborado por un grupo de expertos enviado a Bolivia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que por ocho meses recabó testimonios y documentos aclarando que «no ingresó en dilucidar si hubo fraude electoral o golpe de Estado» en el país.
Pagina Siete
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