Los familiares afirmaron que no les interesa si hubo golpe o fraude electoral en 2019 sino que buscan hallar a los responsables de los fallecidos. El MAS niega el uso de la imagen y cualquier manejo político del tema.
Los familiares de los fallecidos, heridos y detenidos de la masacre de Senkata aún no ven avances en las investigaciones que ayuden a encontrar a los responsables de las muertes y de las violaciones de los derechos humanos durante la crisis política de 2019. Las víctimas ven un cálculo político y uso de su imagen para seguir con el caso Golpe de Estado contra Jeanine Áñez por la sucesión presuntamente inconstitucional y no por las masacres.
“Lo que sí debería hacer el Gobierno actual es esclarecer y pensar en las víctimas de la masacre. ¿Qué han hecho por nosotros, quién se preocupa por nosotros? Nadie. Quieren que el juicio se alargue porque si hubiesen hecho lo legal, antes de pensar en un partido político o taparse entre ellos, se hubiesen enfocado en las víctimas. Bien nos usan cuando les conviene, para cualquier actividad nos usan como banderas”, reclamó la representante de los detenidos de Senkata, Marcela Calle, en contacto con EL DEBER.
Sobre el supuesto uso de la imagen de las víctimas, el diputado oficialista Juanito Angulo negó este extremo y dijo que lo que se busca es justicia al considerarse que son delitos que atentaron contra la vida de los alteños.
“No comparto el uso de la imagen sino que es un hecho que ha sido establecido como graves violaciones a los derechos humanos y masacres que causaron la muerte de muchos hermanos y hermanas. Entonces, lo que se busca es justicia y las autoridades competentes lo están haciendo”, aseguró.
La también familiar de uno de los detenidos en noviembre de 2019 lamentó que existan intereses políticos de por medio y que a la fecha no haya soluciones para los afectados pese a las constantes reuniones con el Ministerio de Justicia, que no dieron fruto.
“Ni el Gobierno actual pensó en nosotros. No es que estemos en contra de Luis Arce y el Ejecutivo, o estemos a favor. Lo que yo creí es que con su llegada al poder por las urnas iba a cambiar algo para los detenidos, fallecidos y heridos. Ni siquiera en el Ministerio de Justicia tuvimos respuesta, hemos tenido tantas reuniones y solamente nos dan largas. Para mí es doloroso y no sé cuánto tiempo más debemos esperar”, refutó.
Pese a que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) determinó que los hechos registrados en noviembre de 2019 en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) se constituyen como masacres, aún no se ha impulsado una investigación oficial al respecto. Al contrario, sólo cursan los casos Golpe I y Golpe II para determinar si Áñez -con la colaboración de militares- asumió de manera legal o no la presidencia.
Sobre las declaraciones de Calle, el diputado del MAS, Rolando Cuéllar, aclaró que en ambos procesos el objetivo es que Áñez sea condenada con la pena máxima por las muertes fruto de las masacres en Senkata y Sacaba. “Sea Golpe I o Golpe II igual se debe llegar a una sentencia por las 38 personas, que por instrucción de Áñez se masacró y mató a esa gente”, afirmó el legislador.
Ante la denuncia de los familiares por falta de respuesta del Gobierno, Cuéllar dijo que la siguiente semana coordinará una reunión con el ministro de Justicia, Iván Lima, para conocer en qué situación están las víctimas, las familias de los afectados y el proceso en contra de la expresidenta transitoria de Bolivia.
Golpe de Estado Vs fraude
Durante la presentación del documento del GIEI ante el consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), los seis expertos aclararon que, como resultado de su trabajo de ocho meses, no se estableció si en el país hubo “un golpe de Estado” o un “fraude electoral”. Ambas son posturas antagónicas que manejan el oficialismo y la oposición.
Al respecto, la dirigente de los detenidos manifestó que a las víctimas de Senkata les interesa encontrar a los responsables de la masacre y no si hubo “golpe o fraude”. En esa línea, apuntó al exlíder cívico y actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al expresidente Carlos Mesa como los causantes de la convulsión en el país, antes y después de la huida del exmandatario Evo Morales.
“A las víctimas no nos importa si hubo golpe de Estado o fraude. Lo que el Gobierno actual debería hacer es investigar quiénes han sido los causantes de esta situación. Ahí nomás se ve toda la convulsión social que ha habido, ahí está (Luis Fernando) Camacho, Carlos Mesa, ellos han convulsionado esto”, acusó.
Juicio en el Legislativo
Desde el retorno del Movimiento Al Socialismo (MAS) al poder, los legisladores oficialistas insistieron en llevar adelante un juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez. Sin embargo, los cuatro casos no avanzaron y para el partido azul son temas archivados.
Sobre el tema, la vicepresidenta de los familiares de los fallecidos de Senkata, María Quispe, informó a EL DEBER que están a la espera de la decisión de la Asamblea Legislativa. En caso de que el juicio de responsabilidades no prospere, buscarán ampliar la demanda contra Áñez interpuesta inicialmente contra militares en la vía ordinaria.
“Ahora, la pelea es que si aceptan el juicio de responsabilidades es como reconocerle que fue presidenta legítima, pero si no se acepta irá por la vía ordinaria. Hay un poco de conflicto, pero depende del Estado para proseguir cómo se le va ajuzgar”, explicó la familiar de uno de los fallecidos.
Los cuatro casos contra Áñez cursan en el Comisión Mixta de Justicia Plural y los parlamentarios esperan el informe del equipo técnico para luego emitir una resolución que apruebe o no el enjuiciamiento.
Con respecto a los hechos de Senkata, el 11 de noviembre, el GIEI explica que, “como resultado del uso desproporcional de la fuerza”, 10 personas perdieron la vida y al menos 78 personas resultaron heridas. Los expertos enfatizaron que “aunque las Fuerzas Armadas y la Policía no hayan admitido el uso de armas letales, las evidencias recabadas indican que los disparos con armas de fuego se originaron de sus tropas”. Asimismo, los especialistas reafirmaron que en ningún caso hubo un “genocidio” durante el periodo transitorio que lideró la expresidenta Áñez.
Contra Áñez sí, Evo no
En 2021, el grupo de seis expertos independientes halló evidencias sobre violación a los derechos humanos y ausencia de justicia en los gobiernos de Áñez y Evo Morales. Sin embargo, el partido azul solo insiste en un juicio contra la expresidenta transitoria y deja de lado al líder del MAS.
Ante la consulta de si también se impulsará un juicio contra el exmandatario por la violación de derechos, la parlamentaria oficialista Gladys Quispe aseguró que el informe del GIEI solo se limitó a la gestión 2019, específicamente al gobierno de Áñez y -según su criterio- no a Morales.
“Si hubo vulneraciones en las pasadas gestiones se tiene que probar”, dijo y se retiró sin responder más consultas sobre el tema.
Por su parte, su par Juanito Angulo, indicó que deberá ser el Ministerio Público el que inicie una investigación para determinar la responsabilidad o no de Evo Morales y reiteró que será Añez a través del Decreto Supremo 4078.
“En la investigación se encuentran indicios y luego se establece responsables, quiénes han matado. El informe del GIEI ha sido objetivo porque uno de los instrumentos inconstitucionales ha sido el DS 4078”, aseguró.
INFORME DEL GIEI
SENKATA
El 19 de noviembre de 2019, otras 10 personas fallecieron tras “el uso desproporcionado de las fuerzas de seguridad” luego del derrumbe del muro y la secuencia de protestas en Senkata.
SACABA
El 15 de noviembre de 2019, diez civiles fallecieron en las afueras de la ciudad cochabambina de Sacaba luego de la intervención militar y policial.
VILA VILA
Identificaron responsabilidad del Estado por vulneraciones en Vila Vila, cuando Evo Morales aún era presidente.
El Deber
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