El investigador Franco Albarracín y el constitucionalista Williams Bascopé coincidieron en que la ley puede ser usada para perseguir a opositores.
El investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) Franco Albarracín y el abogado constitucionalista Williams Bascopé ven que la recién aprobada Ley de la Estrategia de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo podría volverse en un “revólver político” y ser usada para perseguir a personas e instituciones opositoras al Gobierno.
“Al darle mayores poderes a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) a título de querer luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas, esta ley lo que busca es poner una suerte de revólver político en la espalda de la gente”, a la que, si se opone, inmediatamente empezarla a investigar sobre el origen de su propiedad privada, el origen de su pequeño terreno, el porqué de tal o cual cuenta bancaria y el origen de sus ingresos, señaló Bascopé.
Albarracín indicó que la ley implica un riesgo directo para las organizaciones no gubernamentales (ONG), pues establece artículo vagos y poco precisos que pueden implicar sanciones penales para aquellas organizaciones de derechos humanos que no estén de acuerdo con las políticas del gobierno de turno.
Agregó que la ley reconoce los juicios en rebeldía, lo que pone en riesgo de persecución a quienes se encuentran fuera del país como asilados políticos.
“Con esto yendo en contra del estándar internacional de derechos humanos, lo que puede motivar la continuación de acciones de persecución en contra de opositores políticos que decidieron pedir asilo o refugio en otros países”, explicó.
Por su parte, Bascopé apuntó que de acuerdo a la ley, las labores de la UIF serán supervisadas por un consejo conformado por cuatro ministerios (Economía, Defensa, Gobierno y Justicia) y la Procuraduría General del Estado, todas entidades dependientes del Órgano Ejecutivo.
“No se puede permitir que un simple consejo, que además está compuesto íntegramente por entidades del Ejecutivo, tengan que estar ingresando a criterio libre a cuentas bancarias, a pretender autorizar la intervención de llamadas telefónicas y a investigar de oficio. Eso solo va a servir para condicionar y coaccionar a mucha gente”.
Los expertos también señalaron que la estrategia planteada en la ley incurre en varias violaciones a la Constitución Política del Estado (CPE) y tratados internacionales, relacionados a la reserva de la información y a la propiedad privada, ya que en uno de sus puntos plantea la necesidad de autorizar investigaciones de oficio y la escucha de llamadas, así como otras medidas que atentan contra la privacidad de las personas.
Asimismo, el investigador del Cedib puntualizó que la ley se sustenta en un tipo penal que ha sido cuestionado por organizaciones internacionales de derechos humanos, como es el de terrorismo, “que se encuentra de manera ambigua, vaga y subjetiva dentro de nuestro Código Penal, delito que ha sido únicamente utilizado para perseguir políticamente. Por lo tanto, no es para nada recomendable crear una norma que se sustente en un tipo penal tan subjetivo y arbitrario”.
Gobierno defiende norma
Ayer, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, indicó que la UIF respetará la confidencialidad de las personas y en ningún momento la entidad pública incurrirá en escuchas telefónicas ni perseguirá a los agentes económicos informales.
“Quiero desmentir afirmaciones que se hacen desde la oposición, en relación a las supuestas atribuciones que se habrían dado a la UIF, o poderes extralimitados, para escuchar llamadas telefónicas, realizar la incautación de bienes o enviar a la gente a la cárcel (…) De hecho, la UIF en ningún caso va a poder escuchar las llamadas telefónicas, porque no se ha modificado el Código Penal ni la CPE”, recalcó.
Sin embargo, en la conferencia, Montenegro evitó responder una pregunta sobre dos puntos incluidos en la norma, relacionados la intención de autorizar a la UIF realizar investigaciones de oficio y modificar el Código Penal para autorizar la escucha de llamadas.
Las atribuciones y el marco legal de la UIF
- Atribuciones En el marco de lo dispuesto en la Ley 393, de 21 de agosto de 2013, la UIF tiene como atribuciones investigar los casos en los que se presuma la comisión de delitos de legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo y otros de su competencia; y realizar el análisis, tratamiento y transmisión de información para prevenir y detectar los delitos relacionados.
- Investigaciones La UIF puede solicitar información sobre actividades inusuales o sospechosas. La facultad de realizar acciones de oficio se encuentra prevista en la Ley 004 para casos de corrupción, por lo cual, la estrategia busca que se formule la actualización de esta normativa para la Legitimación de Ganancias Ilícitas, aspecto que también está contenido en la Ley de Servicios Financieros.
Pagina Siete
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