Ibert René Renato Aguilar Mamani, sentenciado por ejercicio indebido de la profesión, trabaja actualmente como director general de asuntos administrativos en la Procuraduría General del Estado y permanece en ese cargo pese a que la condena data de 2017 y fue ejecutoriada en enero de este año.
“Sentencia condenatoria ejecutoriada en fecha 25/01/2022, dictada por el juzgado 5to de Sentencia Penal, del departamento de La Paz, por el delito de ejercicio indebido de la profesión”, señala el certificado de antecedentes penales emitido por el Consejo de la Magistratura a la que accedió Página Siete.
La sentencia fue emitida el 2 de mayo de 2017, en un proceso promovido por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi), institución en la que Aguilar fue designado como “responsable del POA y presupuestos”. Accedió a ese cargo en enero de 2011 con la presentación de una fotocopia simple de un título de licenciatura en economía, supuestamente emitido por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
Según el expediente, Aguilar recibió protección del director de Senapi, pero la irregularidad se develó por un informe de la UMSA. En ese tiempo, el funcionario accedió a todos los beneficios sociales y económicos del cargo, sin que exista un reporte de la reposición del daño económico causado al Estado.
Aguilar ocupa un alto cargo en la Procuraduría, pese a que la Constitución lo prohíbe.
Página Siete consultó en la Procuraduría sobre la situación de Aguilar, pero no hubo respuesta del personal ni del procurador Wilfredo Chávez.
Aguilar fue conocido públicamente en noviembre de 2019, cuando como administrador de lo que fue Aasana protagonizó un incidente con el entonces presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, cuyo arribo fue revelado por este funcionario a los grupos del MAS, como lo denunció el cívico, que pretendían impedir su llegada. “Hay una gran molestia al interior de la Procuraduría, el señor y el grupo que influye al doctor Chávez conocían de todas las denuncias penales que este sujeto tenía, pero él es intocable”, denunció un exfuncionario de la institución a este medio.
Contratación ilegal
- CPE El numeral 4 del artículo 235 de la Constitución Política del Estado (CPE) señala que para acceder a un cargo en una institución dependiente del gobierno, la persona “no debe tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal”. Pese a la prohibición, Aguilar sigue en su cargo.
Pagina Siete
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