Sudáfrica vuelve a estar dividido por motivos raciales aunque, esta vez, a raíz de la decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, de congelar la ayuda que mandaba al país alegando presuntas expropiaciones de tierras y violaciones masivas de derechos humanos a los afrikáners (sudafricanos blancos descendientes de colonos neerlandeses).
«Sudáfrica está confiscando tierra y tratando a ciertas clases de personas muy mal», dijo Trump a principios de febrero en su propia red Truth Social,
«Se está produciendo una violación masiva de los derechos humanos a la vista de todos. Estados Unidos no lo tolerará: actuaremos. Además, debido a esto, ¡cortaré toda la ayuda a Sudáfrica hasta nuevo aviso!», añadió el mandatario, quien abrió la puerta a los afrikáners para recibirlos como «refugiados» en suelo estadounidense.
Este mensaje, al que siguió la firma de una orden ejecutiva que congelaba de manera indefinida los fondos enviados a Sudáfrica, desató las históricas divisiones raciales en el país de Nelson Mandela, primer presidente negro sudafricano.
Alarmados por la reciente promulgación de una polémica ley de expropiación, varios cientos de afrikáners manifestaron ante la embajada de EE.UU. en Pretoria su apoyo al mandatario estadounidense ante lo que consideran leyes racistas impuestas por el Gobierno que discriminan a la minoría blanca.
Expropiación de tierras
La expropiación de tierras, un tema muy sensible en Sudáfrica, es vista como una herramienta para remediar la desigualdad racial aún vigente a raíz del régimen segregacionista del ‘apartheid’ (1948-1994).
Según un informe gubernamental de 2017 -el último disponible en la materia-, más del 72 % de las tierras de cultivo de propiedad privada pertenecen a población blanca, que representa menos del 8 % del total.
Con unos datos de pobreza y desempleo galopantes, que afectan a casi la mitad de la población, el Gobierno sudafricano se ha visto bajo presión para tratar de impulsar mecanismos que permitan corregir los desequilibrios presentes en la propiedad de la tierra.
Sin embargo, la nueva normativa, promulgada el pasado 23 de enero, lejos de ser celebrada, ha sido la fuente de una gran controversia y división en la opinión pública, ya que contempla, en determinados supuestos, la expropiación de tierras con «compensación nula».
El grupo de presión afrikáner, AfriForum, considerado de extrema derecha, elevó el tono de la polémica, pues agradeció a Trump la presión ejercida contra el Gobierno del presidente Cyril Ramaphosa, a cuyo partido, el histórico Congreso Nacional Africano (CNA), acusa de impulsar una política «imprudente y radical», que considera «la verdadera razón de la inestabilidad de las relaciones con EE.UU.».
El Gobierno sudafricano ha reiterado que cualquier expropiación de tierras controvertidas será decidida por los tribunales.
Sin embargo, esta explicación no ha satisfecho a diferentes partidos, como la Alianza Democrática (DA), segunda formación del Gobierno de coalición sudafricano y principal fuerza de la oposición hasta las elecciones del pasado mayo, que impugnó la normativa ante la justicia.
Según la DA, partido de mayoría blanca, la ley, en su forma actual, representa «una grave amenaza» para los derechos de propiedad y la estabilidad económica, y «abre la puerta al abuso de poder al quitar la propiedad de las personas sin compensación de manera indefinida».
El líder de la formación, John Steenhuisen, en una posición complicada al ser también el ministro de Agricultura, considera que la normativa es una decisión política «errónea».
Pero también ha argumentado que Trump cortó los fondos a Pretoria basándose en «desinformación», ya que «no se está llevando a cabo una expropiación masiva de tierras sin compensación en Sudáfrica».
Por su parte, partidos de izquierda como los Luchadores por la Libertad Económica (EFF) o la formación del ex presidente Jacob Zuma, uMkhonto weSizwe (Partido MK), también han criticado la normativa, pero con el argumento opuesto: la ley sigue favoreciendo a los blancos porque, alegan, no garantiza que los negros puedan recuperar la tierra que les fue arrebatada sin compensación.
Llegada de colonos a Sudáfrica
Algunos sudafricanos sin tierra rememoran con resentimiento el momento en que el neerlandés Jan van Riebeeck, acompañado de su mujer e hijo, llegaron el 6 de abril de 1652 a bordo de tres embarcaciones con 82 hombres y 8 mujeres a las costas de lo que ahora es Ciudad del Cabo (suroeste).
La expropiación de tierras y ganado por parte de los europeos se remonta a la expansión de los asentamientos coloniales holandeses en Ciudad del Cabo, lo que desató enfrentamientos entre los colonos y pueblos indígenas como los khoikhoi, san, xhosa o zulúes.
Posteriormente, en 1913, el Gobierno colonial sudafricano implementó la denominada Ley de Tierras, que restringía a los sudafricanos negros a poseer solo el 7 % de la tierra, porcentaje que se amplió al 13 % en 1936.
«Tenemos que corregir las injusticias del pasado. A nuestros abuelos los expulsaron por la fuerza de sus tierras», declaró a EFE la propietaria de una plataforma especializada en información financiera y tecnológica, GuGu Masango, quien recuerda que los ancestros sudafricanos no recibieron nada por sus tierras, «incluso les arrebataron su dignidad».
Según la Comisión de Restitución de Derechos sobre la Tierra, se han presentado unas 80.000 reclamaciones de tierras desde que tiene registros, pero la mayoría de los demandantes exitosos prefieren una indemnización monetaria en lugar de recuperar la propiedad.
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