La socialización de los contratos de explotación de litio, organizada por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), fue suspendida ayer en el Teatro IV Centenario de Potosí tras una serie de protestas e incidentes protagonizados por cívicos y activistas locales. Desde el inicio del evento, se registraron tensiones debido a las críticas de asistentes que reclamaban una supuesta falta de transparencia en el proceso.
El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Alberto Pérez, confirmó la suspensión y explicó que el malestar surgió porque la convocatoria se presentó inicialmente como un espacio de socialización, pero muchos temían que el verdadero objetivo fuera lograr una aprobación implícita de los contratos.
“Trajeron gente de otros lugares, seguramente para asegurar la aprobación de los contratos”, declaró Pérez.
Durante la inauguración, varios asistentes subieron al escenario para manifestar su rechazo, lo que generó momentos de alta tensión en el auditorio. Los gritos y reclamos obligaron a las autoridades a interrumpir las exposiciones y, finalmente, a suspender el evento.
Actualmente, los contratos con la empresa rusa Uranium One Group y el consorcio chino CBC están en la Asamblea Legislativa a la espera de su aprobación. Ambos acuerdos representan una inversión conjunta superior a 2.000 millones de dólares para la industrialización del litio en el Salar de Uyuni.
El contrato con Uranium One Group prevé una inversión de 970 millones de dólares en tres fases, con la construcción de una planta de carbonato de litio de grado batería capaz de producir 14.000 toneladas anuales, cuya entrega está prevista para julio de 2027. Por su parte, el consorcio CBC planea invertir 1.030 millones de dólares en la construcción de dos plantas industriales con una capacidad conjunta de 35.000 toneladas anuales.
Las críticas de sectores locales apuntan a que los contratos representan la “venta del salar de Uyuni” y cuestionan la falta de consulta previa a la población de Potosí. En respuesta, representantes gubernamentales negaron estas acusaciones y defendieron los acuerdos, argumentando que buscan impulsar la industrialización del litio en beneficio del país.
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