Santa Cruz consolida su posición como el principal productor de arroz en Bolivia, al aportar el 71% del grano consumido en el país. Según datos del viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo, este liderazgo subraya el papel estratégico del departamento en la seguridad alimentaria nacional.
El Viceministro precisó que Beni contribuye con el 21% de la producción nacional, mientras que Pando y La Paz representan el 1% y el 4%, respectivamente. El 3% restante proviene de otras regiones. No obstante, Mollinedo admitió que estas cifras podrían variar debido a la falta de mecanismos efectivos para monitorear el movimiento interno del grano.
Beni, un actor clave
Mollinedo destacó el creciente protagonismo de Beni, que cuenta con miles de hectáreas cultivadas y un notable potencial para ampliar su aporte a la producción nacional. Se espera que este departamento juegue un papel clave en el abastecimiento del mercado interno hacia 2025.
“El fortalecimiento de Beni será determinante para consolidar nuestra seguridad alimentaria. Por ello, trabajamos en mejorar el control y la planificación del sector arrocero”, afirmó el viceministro.
Controles desde marzo
El Gobierno anunció la implementación de un sistema de control obligatorio para la producción y transporte de arroz, que entrará en vigor en marzo de 2025, coincidiendo con el inicio de la próxima cosecha. Entre las medidas destacan:
– Registro obligatorio: todos los productores deberán inscribirse en el Registro Único Nacional de Productores Agrícolas (Runpa), gestionado por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).
-Guías de movimiento: los traslados del grano deberán contar con una guía que registre origen, destino y ruta del cargamento.
“Este sistema permitirá un control más efectivo, evitando que el arroz sea desviado hacia el contrabando, que afecta gravemente nuestra seguridad alimentaria”, explicó Mollinedo.
El control abarcará todas las etapas de la cadena productiva, desde el traslado del grano a los silos e ingenios hasta su distribución en mercados. Además, el Comando Estratégico Operativo de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC) intervendrá cargamentos que incumplan con la documentación o desvíen su ruta.
Apoyo al sector arrocero
Durante la próxima cosecha, prevista entre marzo y mayo, el Gobierno garantizará el suministro de combustible para facilitar las labores agrícolas. Asimismo, evalúa implementar una banda de precios para estabilizar el valor del arroz y prevenir especulaciones.
“Es esencial que para el 1 de marzo todos los productores estén registrados en el Runpa. Sólo así podremos realizar un seguimiento integral de la producción y el mercado”, subrayó Mollinedo.
Reacciones del sector
Los productores arroceros respaldaron las medidas, aunque expresaron inquietudes sobre los costos operativos y la logística del sistema. Jorge Fernández, presidente de la Asociación de Productores de Arroz (APA), solicitó que las guías de movimiento sean ágiles y sin trabas burocráticas.
“Estamos de acuerdo con combatir el contrabando, pero necesitamos que el proceso sea rápido y eficiente para no perjudicar la comercialización”, señaló Fernández.
En respuesta, el Gobierno organizará reuniones con los productores para ajustar detalles operativos antes de implementar las medidas, además de campañas informativas para orientar a los agricultores sobre el registro en el Runpa.
Proyecciones
El Viceministro anunció que las medidas permitirán generar datos más precisos sobre la producción nacional, facilitando la planificación agrícola y el diseño de políticas públicas. También se reforzarán los controles fronterizos para frenar la salida ilegal del grano.
Como parte del esfuerzo integral, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) continuará ofreciendo arroz a precios regulados en mercados populares, garantizando el acceso al producto para las familias más vulnerables.
Adicionalmente, el Gobierno invertirá en infraestructura de almacenamiento y transporte para optimizar la distribución del arroz y reducir las pérdidas poscosecha.
“Estas acciones son parte de un compromiso integral por proteger el mercado interno y fortalecer nuestra seguridad alimentaria frente al contrabando y la especulación”, concluyó Mollinedo.
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