El vocero conminó al nuevo presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Larach, a respetar la mayoría
El vocero presidencial, Jorge Richter desahució cualquier posibilidad de que haya una amnistía para liberar a los presos políticos, entre los que están la expresidenta Jeanine Áñez y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y denunció que la amenaza del Comité Cívico es un “chantaje”.
En una entrevista con los medios estatales, este domingo, apuntó que el Comité Cívico “pide impunidad, eximir de culpas a los golpistas y establecer un amplio perdonazo. Y de no hacerlo, acuden al chantaje, anuncian medidas de presión violentas. Y ahora amenazan con un revocatorio”.
El vocero manifestó que no se implementará perdonazo alguno, “por respeto a las familias que perdieron seres queridos y murieron durante las jornadas de 2019. ¿Cómo justificaríamos una medida como esa?, ¿qué explicación daríamos?”, aseveró.
Admitió que el revocatorio es una figura constitucional, “cualquier persona puede recurrir a eso; sin embargo, lo importante es que podamos observar que se debe argumentar por qué motivos se lo quiere implementar. Y que quede claro, el que ellos tienen es solamente generar impunidad, que se libere a los que tuvieron responsabilidad en el golpe (de Estado) que trajo luto y muerte”
Lamentó que el Comité pro Santa Cruz hable de persecución política cuando un comunicado de la CIDH, que depende de la Organización de Estados Americanos, “exhorta a que no se instrumentalice la justicia en tres países, pero no está Bolivia. La definición de perseguido político es una construcción, una sensación que los señores que hicieron el golpe buscan instalar, pero que organismos internacionales no hallaron perseguidos en Bolivia”.
Pidió que en el país se deje la búsqueda de impunidad y recordó que el general Hugo Banzer nunca pagó sus responsabilidades, y cuando se acercaba la justicia generó con García Meza el golpe de 1980 y el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz y de otros dirigentes para tapar todo aquello. “Eso mismo se quiere repetir ahora. Cada golpe tuvo una consecuencia en vidas humanas, y la decisión es que haya justicia en Bolivia”, expresó Richter.
El vocero no señaló que Luis García Meza sí fue encarcelado y condenado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto, y pese a que fue sanguinario, fue procesado a través de un juicio de responsabilidades, lo que no sucedió con Jeanine Áñez, procesada en la justicia ordinaria y a quien mencionó en la entrevista. “Áñez ya tiene una sentencia de 10 años, eso ya está juzgado. No es una detenida política, paga su condena. Camacho es un investigado, con detención preventiva por buscar esquivar las convocatorias de la justicia, porque en 2019 hubo muertos y él debe hacerse responsable. No hay manto de impunidad para los autores de las masacres. Hay militares y policías que también están sentenciados”.
Reiteró los 1.200 millones de dólares que Santa Cruz perdió en su último paro indefinido de 36 días. “Ahora sueltos de cuerpo amenazan con revocatorio, un proceso que costará más de 150 millones de bolivianos. Hay otras necesidades, y una legitimidad consolidada que tiene el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca”, añadió.
Con respecto a las declaraciones del nuevo presidente cívico de Santa Cruz, Fernando Larach, de que enamorarán Bolivia para sumar más gente a su lucha, Richter dio que se debe respetar «la voluntad popular, no debe aplicarlo selectivamente, sino ampliarlo a todo, y respetar el resultado con cinco años de mandato para Arce y Choquehuanca. No imaginaron que el presidente iba a lograr una votación superior a 54%”.
El Deber
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