El proyecto de ley 212 planteado por el Órgano Ejecutivo, le da la potestad al presidente del Estado, Luis Arce, proponer ternas para que la Asamblea Legislativa Plurinacional, controlada por el MAS, designe por mayoría absoluta a los directores de la Escuela de Jueces del Estado y de la Dirección de Administración Financiera del Órgano Judicial.
El 8 de junio, el proyecto de ley que “garantiza el acceso y administración de justicia pronta, oportuna, gratuita, y transparente con independencia y autonomía” fue enviado por el presidente Arce a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El objeto de la norma es “mejorar el acceso y administración de justicia” mediante la modificación de la Ley 025 del Órgano Judicial. Cuenta con dos artículos, uno sobre el objeto y otro, sobre las modificaciones que son varias.
El artículo 221 de la Ley 025 establece que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designa al director de la Escuela de Jueces del Estado a través de ternas del Consejo de la Magistratura.
Sin embargo, con el proyecto de ley del Gobierno, se le quita esta potestad al TSJ para que sea la Asamblea Legislativa, controlada por el MAS, la que designe con dos tercios a esta autoridad, de una terna propuesta por el jefe de Estado.
También se platea la modificación del artículo 227 de la Ley 025 que actualmente faculta al Tribunal Supremo de Justicia la designación del director de la Dirección Administrativa Financiera (DAF) del Órgano de Justicia, de ternas propuestas por el Consejo de la Magistratura.
Pero con la modificación de la norma, el Ejecutivo también sugiere que esta potestad pase a la Asamblea Legislativa y al presidente del Estado, Luis Arce.
El proyecto de ley señala: “La Directora o Director es la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Dirección Administrativa y Financiera, quien será designada o designado por la Asamblea Legislativa Plurinacional por mayoría absoluta de votos de los presentes de la terna propuesta por el presidente del Estado, quien tendrá un periodo de funciones de seis años…”, establece la propuesta gubernamental.
El senador de Comunidad Ciudadana Rodrigo Paz observó en pasados días le proyecto, denunció que el Gobierno busca tener el “poder absoluto”.
“Esto es poder absoluto sobre a justicia. Esto viola, desde ya, el principio básico de la separación de poderes que es la base fundamental del estado de derecho democrático. Es, en los hechos, un nuevo golpe a la democracia boliviana, además de una violación irresponsable a la Constitución Política del Estado”, señaló el legislador.
ANF
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