El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, justificó la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de prorrogar el mandato de los magistrados, que debieron cesar en sus cargos el 2 de enero, pero ahora se quedarán hasta que se concreten las elecciones judiciales.
«Nosotros consideramos que la declaración constitucional emitida el día de hoy por parte del Tribunal Constitucional, primero, resguarda la Constitución Política del Estado; segundo hace respetar la misma y todo su contenido», dijo Torres, reportó el periodista Iván Ramos de la Red Erbol.
Después de conocerse la decisión del TCP, políticos de oposición y el ala «evista» denunciaron que se trata de un «golpe» y «autoprórroga» de magistrados en contuberno con el Gobierno.
El magistrado Torres recalcó que el fallo del TCP es de cumplimiento obligatorio y servidores públicos deben acatarlo en su integridad.
Argumentó que sólo pueden ejercer como altas autoridades judiciales quienes sean elegidos mediante voto, mientras que los otros órganos del Estado no tiene la tuición de elegir magistrados.
Los opositores y «evistas» ya anunciaron sus intenciones de emprender un juicio de responsabilidades contra los magistrados del TCP, por favorecerse a sí mismos con una decisión, pero el presidente del TSJ rechazó esa actitud que considera de «amedrentamiento» hacia los magistrados.
«Quiénes tienen ese criterio o especulan con ese tipo de amedrentamiento hacia el Tribunal Constitucional, para reclamar algún derecho tienen que tener una base constitucional», señaló Torres.
Los legisladores también sugirieron la posibilidad de una ley corta, para que los magistrados cesen en el cargo como estaba previsto en enero, no obstante, Torres recalcó que la Asamblea no puede elegir a las autoridades judiciales.
«Yo creo que no pasan de ser posturas políticas, pero que no dejan de dañar la imagen institucional tanto de quienes promueven estas ideas, pero también del Tribunal Constitucional», manifestó.
Por último, Torres llamó al respeto de la independencia de órganos del Estado.
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