El diputado tarijeño José Luís Porcel afirmó que la actual coyuntura política y social que atraviesa Bolivia podría derivar en la aplicación de un estado de excepción si continúan los conflictos y bloqueos registrados en diferentes regiones del país. La autoridad sostuvo que la Constitución Política del Estado otorga facultades al presidente para asumir este tipo de medidas cuando existen escenarios de conmoción interna, desastres naturales o situaciones externas que afecten el orden y la estabilidad nacional.
En diálogo con elguadalupano, Porcel señaló que el amparo constitucional presentado por el vicepresidente ya no tendría validez debido a que la ley observada fue aprobada, por lo que consideró innecesario continuar debatiendo ese tema. Asimismo, explicó que los artículos 137 y 138 de la Constitución permiten al presidente emitir un decreto de estado de excepción por un periodo de hasta 60 días, ya sea de manera nacional o regional, dependiendo de la magnitud de la crisis.
El legislador detalló que, una vez emitido el decreto presidencial, este debe ser remitido a la Asamblea Legislativa en un plazo máximo de 72 horas para que el Órgano Legislativo determine su aprobación, rechazo o modificación. En ese contexto, enfatizó que no se requiere una ley adicional para aplicar la medida, debido a que la Constitución es la norma principal que regula este tipo de situaciones excepcionales en el país.
Porcel también manifestó que, aunque existan cuestionamientos sobre el origen y aprobación de la Constitución Política del Estado, esta debe ser respetada y cumplida mientras permanezca vigente. No obstante, indicó que si algunos sectores consideran necesaria una reforma constitucional, existe la posibilidad de abrir un proceso de modificación, aunque aclaró que se trata de un procedimiento complejo y prolongado que requiere amplios consensos políticos y sociales.
Respecto a la posibilidad de implementar un estado de excepción, el diputado afirmó que respaldaría la medida si la situación conflictiva se prolonga durante los próximos días. Según sostuvo, los bloqueos y movilizaciones afectan gravemente a la población boliviana, perjudicando el transporte, encareciendo productos y generando dificultades económicas incluso en regiones donde no existen protestas directas, como ocurre actualmente en Tarija.
Finalmente, Porcel advirtió que la crisis también podría agravarse debido a la escasez de combustible y las dificultades de comunicación y transporte entre departamentos. El legislador aseguró que toda la población termina siendo afectada por las medidas de presión y reiteró la necesidad de recuperar la pacificación y garantizar el normal funcionamiento del país para evitar mayores consecuencias económicas y sociales.
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