El ahora expresidente peruano fue detenido mientras iba rumbo a una embajada a asilarse.
Luego de que el expresidente de Perú, Pedro Castillo, diera un golpe de Estado con la disolución del Congreso y dictar “estado de excepción”, el Parlamento peruano lo destituyó con 101 votos, entre tanto las Fuerzas Armadas (FFAA), la Policía, las instituciones y ministros rechazaron su determinación.
“En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de derecho y democracia, a cuyo efecto se dictan las medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”, decretó Castillo a aproximadamente las 12:00, hora peruana.
Las FFAA y la institución policial mediante un comunicado conjunto señalaron que son respetuosos de la Constitución, en tal sentido indicaron: “cualquier acto contrario al orden constitucional establecido, constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú”.
La medida del exgobernante peruano fue rechazada por autoridades del poder de Judicial. El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, manifestó: “No se puede disolver el Congreso, sino por el cauce constitucional. En segundo lugar, no se puede intervenir ni al TC, ni a la Fiscalía, ni al Poder Judicial (…) Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador y el señor Pedro Castillo ha dado un golpe de Estado ineficaz”.
La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, condenó el golpe de Estado, perpetrado por Castillo. Asimismo pidió a la población a estar atenta y en defensa de la democracia.
La fiscal de Perú, Patricia Benavides, expresó: “rechazo de manera enfática todo quebrantamiento del orden constitucional. El Ministerio Público se reafirma y como Fiscal de la Nación sostengo y exhorto a respetar la Constitución, el estado de derecho y la democracia”.
Por su parte, mediante comunicado, la Procuraduría del Estado, anunció que abrirá procesos penales en contra de Castillo.
“El Procurador General del Estado, Daniel Soria Luján, en defensa del Estado Constitucional Democrático de Derecho, así como en cumplimiento sus facultades recogida en el numeral 18 del artículo 11° del Reglamento del Decreto Legislativo N°1326, aprobado por Decreto Supremo N°018-2019-JUS, interpondrá denuncia penal ante la Fiscal de la Nación contra el Presidente de la República, Pedro Castrillo Terrones, a efectos de que se determine la responsabilidad penal y constitucional de sus actos”, especifica el documento.
El Órgano Electoral de Perú también rechazó la ruptura del orden constitucional. “Como organismos electorales que tienen elmandato de garantizar el fortalecimiento democrático a través de elecciones transparentes y dentro de un marco constitucional y legal, no acatamos la convocatoria a elecciones congresales ni constitucionales anunciada hace algunas horas”, se lee en su pronunciamiento.
Luego del anuncio de Castillo empezaron a renunciar sus ministros, entre ellos: Alejandro Salas (Trabajo), César Landa (Ministerio de Relaciones Exteriores), Kurt Burneo (Economía), Rosendo Serna (Educación), Félix Chero, (Justicia), Silvana Robles (Cultura) y Betssy Chávez (presidenta del Concejo de Ministros). La exconsejeros repudiaron la ruptura del orden constitucional, porque se “vulneró el estado de derecho”.
Según informaron medios peruanos, el exmandatario fue retenido por la población cuando iba a asilarse a una embajada, hasta que la Policía lo detuvo.
Dina Boluarte, primera vicepresidenta del Perú, juró como presidente ante el Parlamento peruano.
AFP
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