Los opositores Comunidad Ciudadana, Creemos, Comité Cívico Pro Santa Cruz y Conade emitieron un pronunciamiento donde aseguran que sin justicia ni Ministerio Público independientes continuará el encubrimiento de Evo Morales por los hechos ocurridos en Quillacollo, Vila Vila, Yapacaní, Betanzos y Montero entre otros y por desconocer el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016 cuando la mayoría del pueblo boliviano rechazo su repostulación para las elecciones de octubre de 2019.
Acusan al presidente Luis Arce de no querer cumplir las recomendaciones del Informe del GIEI-CIDH referidas a los cambios urgentes que requieren el Ministerio Público y el Órgano Judicial, imprescindibles para tener fiscales y jueces independientes, imparciales, idóneos y de alta credibilidad y confianza ciudadana.
Señalan que este es el único camino para que las investigaciones y procesos penales por violaciones a los derechos humanos, señaladas en el mismo informe, den lugar a un verdadero acto de justicia, especialmente con relación a las pérdidas de vidas humanas, bajo la premisa de que todas deberían valer por igual ante la justicia.
Aseguran que el gobierno del MAS no quiere asumir su responsabilidad para la realización de estos cambios urgentes al Ministerio Público y al Órgano Judicial y que se niega a aceptar un diálogo plural con líderes políticos y sociales.
Según estas organizaciones políticos y civiles, ése es el único camino para alcanzar la paz y la reconciliación entre los bolivianos por los hechos ocurridos en la crisis del año 2019. Sin embargo, observan que el gobierno de Arce busca mantener la sumisión y dependencia de fiscales y jueces al ejecutivo con objetivos políticos y de represión.
Ratifican que los procesos penales que están instaurados por acción del Ministerio Público, son en los hechos, acciones de linchamiento político-judicial mientras archiva y desestima casos de gente del MAS y de operadores del gobierno mediante un certificado de impunidad o encubrimiento.
Explican que ese hecho se puede corroborar con el sobreseimiento del caso fraude electoral; o simplemente el Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto. Indican que esta actitud demuestra que el gobierno nacional quiere mantener y acrecentar la polarización, división y confrontación en la sociedad boliviana, manteniendo presos políticos, causas que vulneran el debido proceso y garantías constitucionales.
Indican que el hecho de que el gobierno nacional no haya tomado ninguna acción de destitución del Fiscal General del Estado Juan Lanchipa Ponce, es la prueba irrefutable de que el MAS mantiene un pacto de encubrimiento de Evo Morales Ayma.
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