Los datos fueron expuestos en un estudio de la OFEP entregado en noviembre de 2019, que fue realizado durante la gestión de Morales aunque no se publicó. La información financiera fue remitida por las propias estatales.
Nueve empresas estatales acumularon una pérdida de 475,26 millones de bolivianos hasta 2019, según un informe de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) dependiente del Ministerio de la Presidencia. El estudio, que fue elaborado durante la gestión del entonces presidente Evo Morales, no fue publicado.
Las estatales que registran altas pérdidas son: Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba), Empresa Estatal de Textiles Yacana, Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBHI), Empresa Pública Quipus, Empresa Siderúrgica del Mutún, Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia (Ecebol), Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) y Empresa Naviera Boliviana (Enabol).
El viernes, durante la sesión de honor por los 196 años de la Independencia de Bolivia, el presidente Luis Arce afirmó que durante la gestión de Jeanine Añez se paralizaron las empresas públicas generando grandes pérdidas y “desmantelando” el aparato productor del Estado. “Como por ejemplo, las plantas de cemento en Oruro y de urea en Cochabamba. Igual que la Planta Industrializadora de Vidrios (Envibol), la planta eólica La Ventolera, los proyectos de exploración de YPFB, los proyectos apícolas en Chuquisaca, la Planta de Cítricos, el Ingenio Azucarero San Buenaventura en el norte de La Paz, entre otros”, sostuvo.
Sin embargo, en 2019, antes de los conflictos postelectorales y la pandemia -factores que pudieron ahondar los problemas en las estatales- el diagnóstico oficial ya reportaba un déficit en varias empresas públicas.
En diciembre de 2020, el Presupuesto General del Estado (PGE) autorizó al Banco Central de Bolivia (BCB) otorgar un crédito extraordinario de hasta 500 millones de bolivianos a favor del Tesoro General de la Nación (TGN). Estos recursos tienen como destino un fideicomiso para la entrega de créditos de capital de operación para las estatales.
De las nueve empresas mencionadas, Easba es la que presenta mayores pérdidas: 228,88 millones de bolivianos desde su creación en 2014 hasta su puesta en marcha en 2018.
“Teniendo en cuenta el valor del activo y el bajo margen de su actividad económica, es prudente decir que la empresa no podrá generar rendimiento. Sólo cuenta con el 0,18% de su activo como capital, el resto de sus recursos han sido financiados mediante deuda existiendo un riesgo de impago”, señala el informe de la OFEP.
Establece que hubo varias adendas a los créditos porque la empresa no tuvo la capacidad de pagar en las condiciones iniciales y advierte una gran posibilidad que tampoco lo haga en unas nuevas.
La composición de las acciones de Easba es 100% estatal y está bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
Easba es una empresa productora de azúcar y sus derivados. Esta ubicada en el norte de La Paz y se encuentra en el inicio de su ciclo de vida, ya que empezó operaciones en 2018. Desde el Gobierno central, en distintas oportunidades, se argumentó que -en éste y otros casos de estatales- las pérdidas se deben, justamente, a la gran inversión que se realiza durante el proceso de implementación.
Al cierre contable de 2018 el valor de la empresa ascendía a unos 1.638 millones de bolivianos.
Según la información proporcionada a la OFEP, sus utilidades cayeron de -31,98 millones de bolivianos en 2017 a -63,92 millones en 2018. De la misma forma, sus ingresos bajaron de 33,98 millones de bolivianos en 2017, a 29,43 millones de bolivianos en 2018.
“El decrecimiento de sus ingresos se debe a paradas inesperadas causadas por fallas en algunos equipos fundamentales en media zafra. Esto ocasionó un bajo rendimiento. Los ingresos generados representan un 30% de la capacidad de la planta, ocasionando la no generación de utilidades”, señala el documento.
“Si bien es el primer año de actividades comerciales de la empresa, por la mínima parte de capital invertida y las pérdidas patrimoniales anuales, en términos técnicos, la empresa está en quiebra técnica”, concluye el informe.
Transporte naviero y producción de accesorios para redes de gas
Enabol es una empresa descentralizada de transporte por vía acuática. La entidad es conocida por el caso de las barcazas chinas, cuya investigación empezó en 2009. Además por un depósito de 1,6 millones de dólares (2006) en el Stanford International Bank, entidad que quebró y no se recuperó el dinero.
Según el informe al que Página Siete tuvo acceso, la empresa estaba una etapa de declive. “No operó por la imposibilidad de uso de sus activos productivos”. Se detalla que a diciembre de 2018 la pérdida acumulada era de 11,76 millones de bolivianos. La inversión en la empresa en capital al cierre de dicha gestión alcanzó a 211,32 millones de bolivianos y no tenía deudas.
“Sin embargo, por los problemas judiciales que la empresa afronta puede existir la necesidad de generar pagos adicionales para que iniciar operaciones”, concluye el documento.
La Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBHI), dedicada a la producción de tuberías y accesorios para redes de gas, empezó sus actividades en 2018 y tuvo ingresos de 11,73 millones de bolivianos en esa gestión.
“Durante la implementación acumuló una pérdida de 700 mil bolivianos. Se cuenta con un financiamiento de 101,20 millones con el BCB. Al 2018, el desembolso de dicha deuda es de 779 millones. Existe un alto riesgo de endeudamiento puesto que el pasivo representa 136,58 veces el patrimonio”, se detalla.
Por su estructura de deuda, la EBHI no cuenta con capital operativo y debe realizar esfuerzos -por encima de lo planeado- pera generar un capital rotativo.
Mutún, Quipus y Yacana con altos costos y falta de mercados
De acuerdo con el informe de la OFEP, la Empresa Siderúrgica del Mutún en 2017 y 2018 logró un crecimiento promedio de 1102,72%. Al momento de la recolección de datos, la planta estaba en etapa de proyecto y por tanto no generaba utilidades.
“Tiene una pérdida acumulada de 88,77 millones de bolivianos desde 2014”, indica el estudio.
Según la información contable del Mutún, en la gestión 2018 se adquirió una deuda pública de 393,99 millones de bolivianos, que equivale a 1,88 veces el patrimonio de la empresa. Por el lado del capital recibió un aumento de 58,47 millones de bolivianos. No se proporcionó información preliminar para la gestión 2019.
De acuerdo con información obtenida por la OFEP, la Siderúrgica del Mutún tiene una deuda total de 3.397 millones de bolivianos que corresponden: 509,58 millones al TGN y 2.887,60 millones al Eximbank.
Entre los problemas que enfrenta están los altos costos de producción por maquinaria inadecuada, altos costos de comercialización por falta de carreteras y por puertos inadecuados, la venta puesta en planta, personal insuficiente y no especializado, arbitraje internacional y la necesidad de un financiamiento adicional al inicial de 80 millones de dólares.
Asimismo, Quipus -la empresa desarrolladora, productora y comercializadora de productos tecnológicos- tuvo una pérdida de 38,76 millones de bolivianos, desde su creación hasta 2018. “La empresa proporcionó información preliminar a junio de 2019 pero por la falta de coherencia teórica no se la tomó en cuenta”, se lee en el informe. De acuerdo con el análisis, por los años de vigencia, la empresa debería estar en crecimiento; sin embargo, el comportamiento de sus ingresos no está acorde a su ciclo de vida. “Desde 2016 se refleja una baja de sus ventas, debido a la dependencia de la comercialización de KUAS a los municipios”, dice el documento.
Añade que hay un alto riesgo de impago porque Quipus cuenta con un capital equivalente al 0,61% del activo, lo que sumado a las pérdidas hasta 2018 genera un patrimonio negativo de 11,22%. “En términos técnicos se considera quiebra técnica. Dicha situación se mantiene desde el año 2015. Además, la empresa no cuenta con capital rotativo por su estructura de financiamiento”.
Al cierre de 2018 la deuda representaba el 111,22% del activo, compuesta por una deuda al Finpro de un saldo de 41,09 millones de dólares a octubre de 2019. El daño patrimonial promedio era de 11,03 millones de bolivianos.
La textilera estatal Yacana, creada en 2017, generó hasta el cierre de 2018 alrededor de 16,06 millones de bolivianos. Sin embargo, las pérdidas acumuladas en la implementación ascienden a 36,21 millones desde 2014, ocasionando un patrimonio negativo de 37,94 millones.
“En términos técnicos, la situación de patrimonio negativo en una empresa es considerada como una quiebra técnica. El pasivo asciende a 262,95 millones de bolivianos con el Finpro, mismo que se encuentra totalmente desembolsado. Debido a la deuda y al patrimonio negativo, el riesgo de impago a largo plazo es alto. La empresa no proporcionó información preliminar para la gestión 2019”, se detalla.
Entre los problemas identificados en Yacana están: falta de capital operativo suficiente por el retraso en el inicio de operaciones; no cuenta con acciones agresivas de ingreso al mercado, además de una proyección muy baja que alcanza el nivel máximo de producción en nueve años; limitaciones para el acopio de materia prima; y alta rotación en la gerencia, lo que no permite la continuidad y una visión clara.
Se recomendó actualizar el plan de trabajo para entrar al mercado y analizar las opciones de financiamiento.
Ecebol y Emapa, sin electricidad ni normativa específica
La Ecebol, cementera estatal, se encuentra en implementación y sus operaciones fueron reactivadas hace un mes, luego de más de un año de paralización. La suma de las pérdidas generadas desde 2014 hasta 2018 es de 27,70 millones de bolivianos.
“Sin embargo, es importante mencionar que el patrimonio de la empresa representa tan sólo el 2,21% del activo, siendo que la deuda equivale a 44,16 veces el patrimonio”, afirma el informe.
Entre los problemas advertidos antes de los conflictos de 2019 están la falta de infraestructura caminera, fallas en el suministro de energía eléctrica de alta tensión y costos adicionales por contratos modificatorios.
En el caso de Emapa, una empresa social en etapa de madurez, sus ingresos no responden a un comportamiento empresarial. Éstos dependen de la política de administración de la reserva estratégica de alimentos. No presentaba deudas.
“Su pérdida se fue reduciendo desde 2014, llegando el año 2018 a 21,27 millones de bolivianos y logró cubrir sus costos y gastos con las transferencias por la subvención. Pero se debe definir objetivos de eficiencia y para ello es necesario definir costos y gastos de todos aquellos apoyos que realiza la empresa para el cumplimiento de la política Soberanía Alimentaria”, dice el diagnóstico y añade que hace falta una norma para la administración de la reserva estratégica de alimentos.
Pagina Siete
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