El ministro de Justicia, Iván Lima aseguró que lo que se busca es aclarar conceptos, no afectar el derecho a las movilizaciones ni el trabajo de los periodistas
El ministro de Justicia, Iván Lima Magne, garantizó que el Decreto 4906 y dos proyectos de ley que se encuentran en debate en la Asamblea Legislativa, no criminalizan la protesta ni atentan contra la libertad de expresión.
En una entrevista con los medios estatales, Lima se refirió al Decreto Supremo 4906. Señaló que es un decreto reglamentario de la Ley 262 de Régimen de Congelamiento de fondos y otros activos de personas vinculadas con acciones de terrorismo y financiamiento del terrorismo.
“Esta ley que es de 2012 y prevé congelamiento de activos de terroristas, no del país, sino a nivel internacional. Queremos aclarar que no tiene alcance en Bolivia, tiene que haber un pedido internacional (para que se ejecute)”, dijo.
Señaló que los Decretos 1346 y 4906 “tienen que ver con el procedimiento y no hay posibilidad de que esté involucrado un boliviano. No es algo pensado para una situación local. Es parte de un acuerdo internacional. Lo que se hizo en 2012 fue aprobar la ley, un año más tarde se reguló con un decreto (1346) y el miércoles pasado precisamos (con el decreto 4906) el concepto de la soberanía nacional. No es aplicable a gremiales o choferes, es falso en que el artículo 8 señale el congelamiento inmediato de los bienes de cualquier persona que intervenga en una protesta social, no es así”, aseveró.
Dijo que el proyecto de Ley 280 de Fortalecimiento a la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas tiene como objetivo “tipificar con mayor precisión los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, legitimación de ganancias ilícitas y otros. Se dijo que reponemos un proyecto de ley de hace dos años, al que los gremiales y otros sectores se opusieron y eso es falso”.
Complementó que este proyecto de ley está pensado para “combatir el lavado de dinero y la legitimación de ganancias ilícitas. Cuando hay dineros mal habidos, se los lava fuera del país, la idea es recuperarlos. Habla de delitos de corrupción, narcotráfico, trata y tráfico, no tiene afectación a gremiales, choferes, empresarios y sectores que aportan al país que acuden a su derecho a la movilización. Por el contrario, protege sus intereses”, dijo Lima.
El ministro admitió que se suspendió este tratamiento, a pedido del presidente Luis Arce Catacora, “en tanto concluya un amplio proceso de socialización. Para que quede muy claro que no afecta a ningún sector social, sino a mafias organizadas. La idea es combatir las organizaciones criminales, no a los sectores. Este proceso de socialización es muy importante y tenemos una amplia agenda de reuniones. Hay que quitarles a los delincuentes esos activos mal habidos. Nunca se afectó ni la protesta social ni a las organizaciones sociales”, recalcó.
Finalmente, aclaró que el proyecto de Ley 305 de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos no atenta contra los medios de comunicación. “Somos abiertos al escrutinio internacional, en todos estos encuentros nos plantean observaciones a la legislación, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) nos dijo que no se adapta el delito de violación al estándar regional. Lo mismo con tortura, trata y tráfico de personas”.
Se refirió a la denominación de ley mordaza en el artículo 281 de esta norma, que señala: “Cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”.
Lima recalcó que no es algo nuevo, “esa misma redacción está incorporada en la Ley 045 y está vigente en el país desde hace 13 años. Este articulo ha convivido con la Ley de Imprenta. El periodismo boliviano es serio y responsable. Pero, no puede haber discurso de odio. Este artículo mal llamado de mordaza está vigente desde hace 13 años, la Ley de Imprenta está vigente, y lo dijo la CIDH, en Bolivia hay una amplia libertad de prensa y de expresión”.
El Deber
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