La exautoridad es acusada de no ejecutar todo el presupuesto en la pandemia, por nombramientos ilegales, pasajes no utilizados, entre otros.
La excanciller Karen Longaric denunció que es víctima de persecución política con al menos siete procesos seguidos en su contra por el gobierno de Luis Arce, por lo que, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la protección y resguardo de sus derechos.
“Tengo a bien dirigirme a la Comisión Intyeramericana de Derechos Humanos, como instancia competente para la protección de los derechos humanos, para solicitar su ayuda y buenos oficios en función de precautelar mis derechos y poner fin a la persecución de la cual soy víctima”, señala parte de la denuncia de Longaric difundida por el exdiplomático Jaime Aparicio.
La exautoridad del gobierno de Jeanine Añez hizo esa petición, luego de detallar siete procesos que se activaron en su contra, los mismos tienen que ver con supuestos ilícitos cometidos en el periodo de su gestión en el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre el 14 de noviembre de 2019 al 6 de noviembre de 2020.
Detalló que el primer es por supuesto incumpliendo de deberes denunciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por el canciller Rogelio Mayta. En el proceso, se acusa a Longaric de no ejecutar plenamente un presupuesto destinado a la atención de compatriotas bolivianos en el exterior durante la emergencia por el Covid-19. Por ese caso, el fiscal el fiscal Tomas Choque solicitó la retención de cuentas bancarias y anotaciones de bienes de la exautoridad.
El segundo proceso también es seguido por la Cancillería, esta vez por resoluciones contrarias a la Constitución, “presuntamente por ‘haber promovido’ la promulgación del D.S. 4240 de 19 de mayo de 2020, ya que este ‘sería contrario a la Constitución’”, señala el documento. Se acusa a Longaric de que sus actos en base a dicho decreto fueron afectados por una sentencia constitucional, impulsada por Mayta, y dictada un año después de aprobado dicho decreto supremo.
La tercera causa es por presunta legitimación de ganancias ilícitas seguida por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). Longaric alega que no hubo una notificación debida sobre la existencia de este proceso y que no existen elementos ciertos que motiven dicha investigación.
El cuarto proceso es por presuntos nombramientos ilegales y usurpación de funciones. “Este es otro caso de acoso judicial instrumentado con fines políticos contra mi persona”, sostuvo la exautoridad.
La quinta causa es también por incumplimiento de deberes y Longaric dice que desconoce del contenido de este proceso. El sexto proceso es un sumario administrativo, en la que la excanciller denunció que se le negó conocer la acusación y asumir la defensa respectiva, dejándola en indefensión.
Finalmente, el séptimo proceso es una acusación del Ministerio de Relaciones Exteriores por presunto daño económico al Estado por pasajes no utilizados.
Ante este panorama, Longaric considera que hay una flagrante violación de sus derechos “a través de la persecución política y el acoso judicial, con el objetivo final de privarme de libertad por motivaciones estrictamente políticas, sin respaldo legal ni fundamentación jurídica alguna”.
Con ese motivo, acudió a la CIDH y solicitó lo siguiente:
1. Analizar y poder dar seguimiento a mi caso, al constituir una situación de grave vulneración a los derechos humanos en Bolivia.
2. Incorporar mi caso dentro del monitoreo y los informes que realiza su prestigiosa institución sobre la situación de los derechos humanos en la región y Bolivia.
3. Por último, tengo a bien solicitarle una reunión online, con un representante o con el equipo de investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de poder ampliar la información presentada en este Documento.
Pagina Siete
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