La Cámara de Senadores sancionó la madrugada de ayer el proyecto de Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo. La norma, cuestionada por la oposición, establece que el Estado puede investigar las finanzas de cualquier persona y escuchar llamadas telefónicas sin necesidad de una orden judicial.
La mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado dejó además establecido en la norma que la misma puede ser modificada mediante decretos supremos.
La oposición en la Asamblea Legislativa denunció que esta ley le da un “superpoder” a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que podrá tener acceso irrestricto y directo a las comunicaciones, cuentas bancarias e información de Derechos Reales de cualquier persona natural o jurídica, con el pretexto de indagar movimientos financieros sospechosos.
El jefe de bancada de la alianza Creemos en el Senado, Henry Montero, dijo que el Ejecutivo elaboró la “estrategia” sin contar con la ley bajo los parámetros de prevención, detección y represión penal.
“Pero ¿quién define que es un movimiento sospechoso?, ¿cuándo se considera movimiento sospechoso?, ¿a partir de qué monto se tendría que investigar como movimiento sospechoso? Hay una discrecionalidad para investigar a cualquier persona o empresa”, cuestionó el legislador.
En la exposición de motivos de la norma, se indica que con este cuerpo legal se busca adecuar a los estándares internacionales de lucha contra la legitimación de ganancias establecidas en el Informe de Evaluación Mutuas d el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Delitos
El anexo de la norma señala que los principales delitos precedentes de la Ley de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo (LGI/FT) son los relacionados con el narcotráfico, corrupción, la trata y tráfico de personas y el contrabando.
Dentro de las técnicas especiales de investigación de la estrategia, se plantea “la modificación del Código de Procedimiento Penal para incluir el arresto diferido, entrega vigilada y agente encubierto”.
Por otra parte, se dispone “realizar la consulta de constitucionalidad al Tribunal Constitucional Plurinacional con relación al anteproyecto de ley respecto al uso de técnicas de escucha de llamadas en casos de LDI/FT y delitos precedentes”.
“Decirles al 80 por ciento de los bolivianos que tienen actividad informal: hoy tienen que cuidarse, porque hoy viene una persecución financiera, ustedes tendrán que demostrar documentalmente cómo ha crecido en su patrimonio, porque la UIF tiene toda la potestad, sin requerimiento fiscal, de poder investigar. Y otro aspecto más peligroso: hoy se autoriza también la escucha de llamadas sin requerimiento fiscal”, indicó el senador Montero.
Accesos directos
De acuerdo con la estrategia, anexada a la norma, se define el acceso directo a fuentes de información. En las acciones a desarrollar se define “suscribir acuerdos interinstitucionales entre la UIF y entidades públicas y privadas que generan y mantienen información de utilidad para la UIF y/o emitir normativa para la accesibilidad directa, irrestricta y continua a información relevante para la problemática LGI/FT.
Asimismo, dispone “elaborar normativa que permita a la UIF realizar investigaciones financieras y patrimoniales a las personas que resulten vinculadas a los sujetos sobre los cuales se ha recibido un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) o un pedido de la autoridad competente”.
Por otra parte, se indica la necesidad de “modificar el Manual de Organización de funciones de la Policía, a fin de crear una Dirección específica”.
Bienes incautados
En la estrategia se contempla el aspecto de administración y disposición de bienes.
En las acciones a desarrollar está “realizar un diagnóstico del sistema de administración y disposición de bienes incautados, decomisados, confiscados o extinguidos para su fortalecimiento”. También formular un anteproyecto de reforma para la administración de bienes incautados.
La informalidad tendrá un mayor control
La normativa es difusa y contradictoria, porque cualquier recurso o disposición de manejo económico en Bolivia, donde la informalidad es alta, podría ser considerado como parte de un ilícito, señalan legisladores de Creemos y Comunidad Ciudadana. De acuerdo con la norma, “la prevalencia de condiciones de informalidad permite a las organizaciones criminales y terroristas la posibilidad de abrir negocios y consumir con mayor facilidad sus ingresos procedentes del delito y subsistir permanentemente en el sector informal sin mayores riesgos de ser detectados”.
“La informalidad genera numerosas oportunidades para que el delincuente pueda ingresar a la economía el producto del delito y puedan ser llevados a cabo en forma anónima y sin dejar ningún tipo de registro que permita su detección por las autoridades”, se indica en el documento.
“Es una carta abierta, un trabajador informal puede comprarse una casa, un auto, un terreno, tiene que explicar cómo lo hizo, pasa a ser sospechoso”, refieren.
Los Tiempos
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