Las personas que prestaron su nombre entregaban sus tarjetas a funcionarios, quienes cada mes les entregaban un pequeño monto y se quedaban con el resto.
Los funcionarios acusados del negociado de más de 800 ítems fantasmas en la Alcaldía de Santa Cruz operaban con la misma lógica de una estafa piramidal. Retenían las tarjetas de débito de las personas que prestaban su nombre y cada mes les entregaban un pequeño monto del total del sueldo para quedarse con la mayor parte del dinero, informó el concejal Manuel Saavedra.
Los funcionarios municipales implicados hicieron amistad con quienes prestaron sus documentos, elaboraban los contratos y, una vez que eran parte de la red, les ofrecían incentivos para reclutar a más víctimas.
“El funcionario corrupto ofrecía pagarles entre 300 y 500 bolivianos al mes a cambio de que presten su nombre, hagan los trámites y puedan ingresar al sistema municipal y, sobre todo, consigan una tarjeta de débito para cobrar los sueldos”, aseguró ayer el concejal.
Una vez que se cumplía con todos los requisitos, la persona reclutada entregaba la tarjeta de débito al funcionario. Éste juntaba entre 15 y 30 tarjetas y a fin de mes iba a un cajero automático y retiraba dinero con todas ellas. “El promedio de un sueldo era de 4.000 bolivianos, lo retiraba y le daba al reclutado 300 bolivianos y se quedaba (con todo lo demás)”, dijo Saavedra.
Una vez consolidado el acuerdo, los funcionarios ediles ofrecían un incentivo de 50 bolivianos a cada persona para que recluten a más.
Jesús Nazareno
Juan Carlos Medrano, concejal de Comunidad Ciudadana-Autonomías por Bolivia (C-A), cuestionó el papel que cumplió la cooperativa Jesús Nazareno, que por varios años fue la entidad encargada del pago de salarios de los funcionarios de la Alcaldía de Santa Cruz. Anunció que se pedirá al alcalde Jhonny Fernández el cambio de la institución.
“El caso de los 800 ítems fantasmas le ocasionó un daño económico de aproximadamente 50 millones de bolivianos al municipio de Santa Cruz, por año”, dijo.
El concejal señaló que, al tener sospechas de que funcionarios de la Cooperativa Jesús Nazareno estarían involucrados, se pedirá al alcalde Fernández que se cambie de institución financiera.
“No podemos permitir que vuelva a suceder este problema. El servicio de manejo de cuentas tiene que darle garantías al municipio”, concluyó.
Al ser consultado sobre las aperturas de cajas de ahorros y la entrega de las tarjetas de débito, Rolando Domínguez, gerente general de la cooperativa, aclaró que para todos sus servicios la solicitud de los mismos se efectúa de manera personal, el solicitante es identificable y quedan registrados sus datos, lo solicitado y quiénes intervienen en la ejecución de los servicios otorgados, según reportó El Deber.
No obstante, el retiro de dinero de un cajero con una tarjeta de débito lo puede hacer cualquier persona.
Domínguez sostuvo que las denuncias de los ítems fantasmas son ajenas a la institución, pero que “la entidad financiera prestará total colaboración a las autoridades competentes ante cualquier requerimiento”.
Mariaca y sus vecinos
Otro punto polémico en relación al caso de los ítems fantasmas es la relación familiar y de amistad entre implicados y funcionarios ediles con el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Marica, a quien apuntan por el rechazo de la primera denuncia que se presentó en junio sobre los ítems fantasmas. El concejal Saavedra denunció que la cuñada de Mariaca fue contratada en la gestión de la exalcaldesa interina Angélica Sosa y pidió su renuncia, como lo hizo hace una semana el suegro del fiscal.
Sin embargo, la cuñada de Mariaca, Yalile Carmen Flores, desmintió al concejal y aseguró que su contratación fue por sus méritos y que no conocía a Sosa. Desafió a Saavedra a verificar el trabajo que cumple y lo conminó a retirar las acusaciones que dañaron la salud de su madre.
Por otro lado, según la publicación de La Estrella del Oriente, Mariaca vive en el condominio Jardines del Norte IV, en el que supuestamente tiene como vecinos a varios de los exsecretarios municipales, quienes serán citados a declarar a la Fiscalía. Asimismo, se conoce que el asignado al caso era familiar de otro funcionario de la Alcaldía, por lo que desde el MAS se solicitó la renuncia del fiscal departamental.
Pagina Siete
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