La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, pidió arresto domiciliario para el expresidente del país suramericano Lenín Moreno (2017-2021), en el marco del caso ‘Sinohydro’.
Durante la audiencia de formulación de cargos, por el presunto delito de «cohecho», que se llevó a cabo en la sede de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en Quito, Salazar solicitó la prisión preventiva para Moreno y otros 36 investigados en esta causa, conocida mediáticamente como ‘Ina Pepers’; sin embargo, en cuanto al expresidente y otros 13 imputados, por tener más de 65 años se pidió el arresto domiciliario, una medida contemplada en la Constitución ecuatoriana.
La petición de la fiscal de prisión preventiva y arresto domiciliario busca garantizar la presencia de las 37 personas investigadas en las siguientes etapas del proceso penal.
Actualmente, Moreno se desempeña como comisionado del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) para asuntos de discapacidad, cuyas funciones las ejerce en Asunción, Paraguay.
La fiscal también pidió al juez Adrián Rojas, de la CNJ, retener e inmovilizar las cuentas de todos los imputados, incluidas las de aquellos que residen en el extranjero.
En esta causa se investiga una supuesta estructura de corrupción alrededor de la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair en Ecuador, desarrollado por la empresa china Sinohydro, por ello el nombre que le ha dado la Fiscalía a la causa.
La presunta trama habría operado entre 2009 y 2018, cuando Moreno tuvo los cargos de vicepresidente de Ecuador (2007-2013), enviado especial del secretario general de la Naciones Unidas para la discapacidad y accesibilidad (2013-2016) y mandatario de su país.
Durante su ejercicio como vicepresidente, Moreno supuestamente habría facilitado la concesión a Sinohydro para la construcción de la hidroeléctrica.
De acuerdo con la Fiscalía, los involucrados habrían recibido cerca de 76 millones de dólares en coimas, equivalente al 4 % del total del valor del contrato; de los cuales, más de 600.000 dólares fueron a parar a manos de Moreno y su círculo familiar cercano.
Salazar detalló en la audiencia de este viernes que Moreno y su esposa, Rocío González, recibieron 220.000 dólares; mientras que su hija Irina 50.000.
Asimismo, Edwin Moreno, hermano del exmandatario, habría recibido 350.000 dólares; su otro hermano Guillermo 10.000; sus cuñadas Jacqueline V. y Martha G., 25.000; y su suegra Aída Graciela 5.000.
«Para cometer el ilícito, habrían utilizado tanto el sistema financiero nacional como el de otros países para, presuntamente, recibir y distribuir el dinero a todos los procesados», comentó Salazar en la audiencia.
Al respecto, el caso involucra a una empresa ‘offshore’ llamada INA Investment Corporation, con la cual se adquirieron varios bienes y se habría desarrollado la trama de corrupción. El nombre de la compañía ha sido asociado a los nombres de las hijas de Moreno: Irina, Cristina y Carina. Por esta razón la causa había sido bautizada como ‘Ina Papers’.
Pero también hay otra empresa ‘offshore’ involucrada, llamada Recorsa, cuyo representante legal sería Conto Patiño, quien figura como lobista y contratista de Sinohydro en Ecuador.
A través de Recorsa, Patiño habría recibido millones de dólares de la firma china, y desde esa compañía ‘offshore’ supuestamente transfirió dinero a más de 10 empresas fantasma en Panamá, entre ellas a INA Investment Corp.
Los Tiempos
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