La Fiscalía asumió que las movilizaciones que se registraron en la zona Senkata de El Alto, en noviembre de 2019, después de la renuncia de Evo Morales, fueron pacíficas e imputó a la expresidenta Jeanine Áñez por genocidio y otros delitos. También demandó a la exmandataria por la masacre de Sacaba.
“La denunciada Jeanine Áñez Chávez, asumiendo el control sobre las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Boliviana, como capitana generala de las FFAA y con mando absoluto en el caso de la Policía Boliviana, en fecha 19 de noviembre de 2019, procedió a la represión de sectores sociales en la ciudad de El Alto en proximidad de la planta YPFB-Senkata, y personas civiles desarmadas, quienes ejercían su derecho a la protesta pacífica, por lo que se tiene demostrado el uso de fuerza innecesaria y desproporcional por parte de las fuerzas del orden, quienes realizaron operativos conjuntos militares policiales con estas finalidad, respaldados en el Decreto Supremo 4078”, se señala en la parte conclusiva de la relación de los hechos en la imputación fiscal, citado por Página Siete.
Respecto a los movilizados, el Ministerio Público detalló que estaban provistos de “palos, piedras y petardos” y a causa de la salida de las cisternas, “incrementaron en su ‘intensidad’, por cuanto se dio la caída de muros perimetrales colindantes con la carretera La Paz-Oruro, correspondientes a la planta de YPFB, la quema de cuatro vehículos incautados (en desuso), así como la sustracción de garrafas de GLP sin contenido”.
Sin embargo, los hechos de 2019 dan cuenta de que sí hubo violencia por parte de los marchistas.
Los Tiempos
Acerca del autor
